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Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, hizo una declaración de gran trascendencia ayer en una conferencia organizada por la Universidad Anáhuac. Dijo, entre otras cosas: "Nos haría un enorme daño perder esos destinos (Cancún y Los Cabos) por temas de combate al narcotráfico. Yo creo que el hacer legal no sólo el consumo sino la producción y venta de la mariguana contribuiría junto con otras acciones a (tener) destinos más seguros… Me gustaría ver que se pudiera hacer en Baja California Sur y en Quintana Roo, los dos destinos turísticos principales de México que no tienen por qué ser víctimas de violencia de un trato inadecuado al tema de las drogas en México… Ya la traen o ya la compran, entonces no vienen por eso. Lo que no se justifica es que un consumidor vaya a dar a la cárcel porque consume mariguana, lo que no se justifica es que sea víctima de extorsiones porque consume mariguana, es un absurdo". Además, fundamentó su propuesta en la idea evidente para muchos, aunque no para el gobierno al que pertenece, de que la estrategia punitiva o coercitiva contra la mariguana y otras drogas ha fracasado.
Incluso dijo que el tema de la legalización del uso recreativo de la mariguana no está a discusión desde un punto de vista científico: "es menos dañina que el alcohol o el tabaco". No puede uno más que congratularse de estas declaraciones de uno de los funcionarios más inteligentes y competentes de este gobierno (dicho esto por mí, desde mucho antes de que se pronunciara en este sentido).
¿Se puede hacer algo por el estilo? ¿Legalizar en Cancún y Riviera Maya, por un lado, y en Los Cabos por el otro? ¿Sin que se extienda la legalización de facto a otras zonas de los mismos estados u otros? ¿Hay precedentes nacionales o internacionales? ¿Cuál sería la justificación? De la Madrid deberá pronto dar respuesta a estas preguntas, sobre todo si su atrevida sugerencia fue realizada en consulta o acuerdo previo con su jefe.
En el caso de México, hace pocos años, cuando estaba en discusión la legalización de los casinos, se propuso permitirlos en ciertas zonas del país. Existe también el antecedente de las zonas libres, que desde que muchos éramos muy jóvenes, recordamos con nostalgia: La Paz, Cancún, Chetumal y varias otras pequeñas ciudades de la República, todas ellas viviendo un régimen de excepción.
En otros países del mundo existen fenómenos análogos. En Estados Unidos son las llamadas 'reservaciones' de los pueblos originarios de América del Norte, donde se permite y se alienta en condiciones de excepción la instalación de casinos. Lo mismo sucede con otros estados, como Nevada y Nueva Jersey. A priori, no hay ninguna razón para suponer que no se pudiera legalizar la producción, venta y consumo de mariguana en estas zonas del país sin extenderla necesariamente a otras. En el fondo, es lo que está sucediendo en Estados Unidos, donde ya casi una decena de estados han legalizado el uso recreativo de la mariguana, sin que necesariamente dicha legalización se extienda en los hechos a otros estados.
¿Quiénes consumirían esa mariguana? Primero, los habitantes de esos parajes que así desearan hacerlo: ni más ni menos de los que ya la consumen ahora. Aunque hubiera un pequeño aumento del consumo, la consiguiente disminución de la violencia, comprobada en muchos países del mundo después de una legalización de esta índole, bien valdría la pena. En segundo lugar, quizá, mexicanos de otras regiones del país que llegarían ahí, como Avándaro en 1971, a fumarse todo lo que se les pusiera al alcance de la mano. Pero en condiciones de legalidad, sin contacto con el mercado negro y con mucha vigilancia de por medio. Que estos jóvenes –porque eso serían– fumen ahí en lugar de sus propias localidades, no puede tener nada de grave.
Por último, desde luego, consumirían mariguana ahí los visitantes, 90 por ciento de los cuales son norteamericanos. Como dijo De la Madrid, visitantes que de todas maneras o traen su propia mariguana o la compran ahí, pero hasta hoy ilegalmente. ¿No es preferible que fuera a la luz del día y con la ley de su lado?
La gran pregunta es si con esto disminuiría la desbocada violencia en Baja California Sur, y en menor medida, pero no despreciable, en Quintana Roo. Existen todas las razones para pensar que sí. Pero no lo vamos a saber hasta que lo intentemos. Esto es algo que Peña Nieto puede hacer ahora, antes de terminar su gobierno, incluso probablemente por decreto, sin pasar por el Congreso, y con el acuerdo de los gobernadores, que seguramente aceptarían. ¿Hay algo más arriesgado que seguir con la absurda guerra de Calderón y Peña Nieto contra la droga? A estas alturas parece que no. Un abrazo Enrique.
Twitter: @JorgeGCastaneda
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