¿Otra masacre?
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¿Otra masacre?

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¿Otra masacre?

12/04/2018
Actualización 12/04/2018 - 14:09

Tengo edad para acordarme bien del caso Watergate. De hecho, apenas empezaba mi historia en este noble oficio y el tema capturó mi atención. A pesar de que entonces mi especialidad eran los deportes, el jefe Jacobo Zabludovsky solía llamarme a su oficina para comentar sobre el presidente Richard Nixon y sus peripecias, porque sabía que me devoraba cuanto libro o artículo sobre el tema cayera en mis manos.

La gran mayoría, que no había nacido o no se interesó en el tema, no puede saber lo que duró ese proceso. Como en el caso de Donald Trump y lo que algunos llaman Rusiagate, el pecado original de Watergate fue el intento de robo a unas oficinas del Partido Demócrata en ese edificio en junio de 1972, meses antes de la reelección de Nixon. Pasó más de un año, hasta que el 20 de octubre de 1973, Nixon ordenó el despido del fiscal especial Archibald Cox, para lo que tuvo que reemplazar a las dos cabezas del Departamento de Justicia que se negaron a cumplir sus instrucciones. Con Trump, si bien es incierto cómo empezó la supuesta cooperación con Rusia para llegar a la presidencia, sí sabemos que comenzó durante la campaña y quizá desde antes; y hoy estamos ante la inminente decisión de Trump de despedir al fiscal Robert Mueller, encargado de la investigación que lo tiene contra la pared.

Lo que detonó la ira de Trump fue el cateo de las autoridades federales a las oficinas, residencia y cuarto de hotel de Michael Cohen, el abogado personal del presidente. Cohen entró a la órbita de Donald Trump por los años 80, cuando arregló un problema que tenía Trump con unos inquilinos en uno de sus edificios de Nueva York. Le gustó el estilo peleonero, confrontacional y amenazante que exhibió Cohen en ese episodio, y desde entonces Trump lo incorporó a su operación.

Cohen se ha encargado de arreglar todo tipo de problemas de Trump, incluso los personales. Estuvo involucrado, según documentos públicos, en el más reciente intento del magnate de construir una torre Trump en Moscú, esto en plena campaña. Además, reconoció que fue el autor del famoso pago de los 130 mil dólares a la actriz porno Stormy Daniels, a cambio de su silencio en torno a un encuentro sexual con Trump. El problema es que el pago se produjo a 12 días de la elección, y el acto ocurrió hace más de 10 años. El dinero podría ser considerado una contribución ilegal a la campaña de Trump.

Lo cierto es que debe haber mucho más. Si alguien sabe dónde están enterrados los cadáveres de Trump, ese es Michael Cohen. Si Mueller decidió, a través de la fiscalía de Nueva York, tomar una medida tan radical, es porque sabe que la información que obtendrá vale poner en riesgo la investigación misma. No es común ordenar un cateo sobre las oficinas de un abogado, y menos si su cliente es el presidente de la república. Es tanto el peligro de violar el privilegio de secrecía cliente-abogado, que el FBI mandó dos equipos independientes a cada cateo.

Para lograr la orden de cateo, las autoridades tuvieron que pasar diversos filtros. El procurador Jeff Sessions no podía intervenir, porque es tercero interesado. El asunto llegó al subprocurador Rod Rosenstein, pasó por Christopher Wray, el director del FBI, lo revisó el director jurídico del FBI, Dana Boente, y una nube de abogados del Departamento de Justicia. Con todo eso bajo el brazo, y hay que notar que todos, desde Mueller hasta Boente, son republicanos nombrados por Trump, hubo que convencer a un magistrado federal de que había la probable comisión de un delito y peligro inminente de destrucción de evidencia para que el magistrado girara la orden de cateo.

El operativo se realizó. Michael Cohen se dice preocupado y afirma no haber hablado con Trump. Ya no sabe si sigue siendo su abogado.

En cualquier momento puede hacer erupción el Vesubio que habita la Casa Blanca.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.