Corte politizada
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Corte politizada

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Corte politizada

28/06/2018

La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos está conformada por nueve ministros que son nombrados de por vida, o hasta que decidan retirarse, o en el rarísimo caso de que el Congreso les revoque el mandato. Es la etapa final del proceso de apelación y sus decisiones establecen precedente judicial. Por más que el diseño constitucional de la Corte intentó divorciar a los magistrados de consideraciones políticas, esto ha sido imposible.

Los ministros llegan a la corte después de un largo proceso. La propuesta se origina en la Casa Blanca, cuando el presidente en turno elige a un candidato que pasó ya por una intensa y detallada investigación, que incluye su trayectoria judicial y su conducta personal. A través de sus decisiones en cortes menores, es fácil detectar sus tendencias y creencias jurídicas. Es decir, los presidentes ya saben si son conservadores, moderados o liberales, lo que presagia la manera como interpretarán los temas constitucionales que les toque decidir.

Para ser claros, cuando se producen vacantes en la Suprema Corte, si el presidente es demócrata, nominará jueces liberales; si es republicano, nominará jueces conservadores; y si lo que quiere el presidente es una confirmación rápida, nominará a un moderado. Así ha funcionado más de 200 años, y la Corte se ha mecido entre tendencias conservadoras y liberales con un balance histórico parejo.

Esta manera tradicional de conformar la Corte se quebró al final de la administración del presidente Barack Obama. La muerte inesperada del ministro conservador Antonin Scalía produjo una vacante que, constitucionalmente, le tocaba llenar a Obama. Pero en una maniobra parlamentaria sin precedente, y dado que los republicanos tenían (y tienen) mayoría en el Senado, su líder Mitch McConnell congeló las audiencias de confirmación para el juez Merrick Garland, un moderado nominado por Obama, hasta después de las elecciones de noviembre de 2016, dejando a la Corte operando con ocho magistrados durante más de un año y amenazando con que, de ganar Hillary Clinton la presidencia, el proceso seguiría congelado. Según las reglas parlamentarias, el líder de la Cámara tiene discreción absoluta para decidir los temas a votación, así que Clinton tendría que esperar otros dos años y rezar para que los demócratas recuperaran el Senado para hacer un nombramiento.

No se puede exagerar lo grave que es el precedente que ha dejado McConnell. De ahora en adelante, cualquier nombramiento del Ejecutivo que requiera confirmación en el Senado podrá ser arbitrariamente congelado, y sólo se tramitarán las confirmaciones si el el Ejecutivo y el Senado son del mismo partido. Los senadores no sólo confirman nombramientos de la Suprema Corte, también confirman a todos los jueces federales, miembros del gabinete y subsecretarios, embajadores y muchos puestos más. Si, por ejemplo, este noviembre, en las elecciones intermedias, los demócratas toman control del Senado, podrán congelar todos, pero todos, los nombramientos de Trump. Eso podría no ser malo, excepto que el nivel de eficacia en el funcionamiento de Washington, ya de por sí cuestionado, se reduciría a niveles nunca vistos.

Por lo pronto, la maniobra republicana rindió frutos: pudieron elevar a un rabioso conservador, Neil Gorsach, a la Suprema Corte, llenando una vacante que le correspondía a Obama. Gorsach ya pagó con creces. Fue el voto definitorio en la controvertida decisión de la Suprema Corte esta semana, en donde, por mayoría de 5-4, aprobaron el veto al ingreso de musulmanes de varios países a Estados Unidos.

Para orgullo de la población hispana, la ministra Sonia Sotomayor destrozó los argumentos de la mayoría en una opinión de disentimiento que recibió más cobertura que la decisión original.

Hay ministros de muy avanzada edad. Es posible que en lo que resta de la primera administración Trump (esperamos que sea la única) se produzcan una o dos vacantes más. Sería una tragedia para el sistema de justicia de Estados Unidos que Trump pudiera colocar a otros dos magistrados conservadores. Conoceremos la respuesta en noviembre.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.