Gobernar también es informar
ESCRIBE LA BÚSQUEDA Y PRESIONA ENTER

Gobernar también es informar

COMPARTIR

···

Gobernar también es informar

04/12/2018

El primero de diciembre en México terminó una etapa de transición atípica. El ahora presidente ha hecho gala de gran voluntarismo. Al día siguiente de la elección ya anunciaba gabinete, prioridades de gobierno, proyectos de infraestructura y consultas no vinculantes. Esto lo ha hecho en medio de una movilización de símbolos que han devuelto el protagonismo a la figura presidencial. En su mensaje de toma de protesta el presidente afirmó que su gobierno está y estará fundamentado en la voluntad popular, pero también señaló que “al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie”. Es decir, reconoce que la voluntad popular no puede exceder a la ley, ni viceversa. El nuevo gobierno deberá mostrar en cada acto de autoridad la existencia de este equilibrio.

La información pública debe ser la vía que demuestre el cumplimiento de este delicado balance. Ésta permite evidenciar que las prioridades del nuevo gobierno, combatir la corrupción, la impunidad, la desigualdad y la inseguridad, responden a las demandas de los mexicanos y que se implementarán con apego a derecho y respetando los contrapesos democráticos. Asimismo, la información pública permitirá a los ciudadanos vigilar cada acto de autoridad y será un instrumento para verificar el cumplimiento de las promesas de campaña y de los 100 puntos del plan de gobierno.

En campaña y al asumir el poder, la consulta ciudadana se ha propuesto como el mecanismo que esta administración plantea para recoger la voluntad popular. Antes del primero de diciembre se realizaron dos consultas, una sobre la cancelación del nuevo aeropuerto y la otra sobre los 10 programas prioritarios. Queda la duda sobre la naturaleza vinculante de sus resultados, su implementación y su peso legal. Por otro lado, algunas propuestas de campaña han sido reformuladas. Por ejemplo, originalmente se propuso desmilitarizar las políticas públicas de seguridad, idea resumida en la frase “abrazos no balazos”.

Sin embargo, hubo un giro hacía militarizar las policías. Las críticas no se hicieron esperar; incluso, organismos internacionales como Naciones Unidas se pronunciaron contra esta propuesta. Ahora se plantea una consulta al respecto. Otro ejemplo es el caso de los trenes Maya y del Istmo de Tehuantepec. Se señaló que la consulta realizada no consideró a los pueblos originarios que serán directamente afectados por estos proyectos de infraestructura.

La información pública sirve para analizar y debatir la pertinencia de cada propuesta de las autoridades. Si la esencia de esta administración es que “se puede gobernar con el pueblo”, debe reconocer que eso conlleva informar a cada ciudadano sobre por qué y cómo se ejerce cada acto de autoridad. La consulta es percibida como una forma de gobernar con el pueblo.

Por lo tanto, los ciudadanos requieren información completa sobre qué asunto amerita consulta, quién la diseña e implementa, cuáles son las opciones propuestas y sus posibles consecuencias, y quién validará sus resultados. El gobierno, los expertos, la oposición, la población afectada directamente y los ciudadanos en general debemos estar informados para, en su caso, defender los derechos que no estén siendo garantizados. El derecho de acceso a la información es un derecho puente que sirve para exigir la garantía de otros derechos y, por qué no decirlo, también un instrumento para allegarse de los elementos para iniciar un litigio en contra de un acto de autoridad que se considere vulnera algún derecho.

Uno de los grandes desafíos que enfrenta el nuevo gobierno es hacer nuestra democracia más activa. Inyectarle dinamismo, vitalidad. Hoy diversos grupos sociales ya no conciben a nuestra democracia como una licencia o un permiso de gobernar a quienes ganan las elecciones, sino una forma de gobierno que les permite apropiarse de la acción pública, un andamiaje institucional que permite y estimula el control social del ejercicio del poder. En este escenario, la garantía del derecho de acceso a la información pública permite evaluar, vigilar y obligar a las autoridades a rendir cuentas de sus acciones. Pero la garantía de este derecho también permite a la sociedad estar informada para participar y ser parte de la vida pública más allá del día en el que se depositó el voto en las urnas. Por eso hoy más que nunca para revitalizar nuestra democracia gobernar también es informar.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.