Abolir los privilegios, el reto del nuevo gobierno
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Abolir los privilegios, el reto del nuevo gobierno

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Abolir los privilegios, el reto del nuevo gobierno

10/07/2018

En su discurso de victoria, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador dijo lo siguiente: “[t]odo lo ahorrado por el combate a la corrupción y por abolir los privilegios, se destinará a impulsar el desarrollo del país. No habrá necesidad de aumentar impuestos en términos reales ni endeudar al país”. ¿Cuánto nos cuestan a los mexicanos la corrupción y los privilegios que prevalecen en los sectores público y privado? El ganador de la contienda electoral tiene una agenda ambiciosa, ¿será posible lograrla sin aumentar impuestos ni endeudar al país?

Estas preguntas no tienen una respuesta clara aún. Sin embargo, es posible afirmar tres cosas. En primer lugar, la desigualdad es uno de los grandes problemas del país y va en aumento. México está dentro del 25% de países con mayores niveles de desigualdad en el mundo. La brecha por ingresos es tal que las 10 personas más ricas del país concentran la misma riqueza que el 50% más pobre.

Además, mientras que el PIB per cápita creció menos del 1% anual, la fortuna de los 16 mexicanos más ricos se multiplicó por cinco.

En segundo lugar, la recaudación fiscal del país debería servir para reducir la desigualdad, pero sucede lo contrario. El actual sistema de recaudación privilegia a unos cuantos y limita los recursos disponibles para promover el desarrollo. Según Fundar, de 2007 a 2013, el SAT condonó 46 mil millones de pesos a sólo 15 contribuyentes. Esto es particularmente grave ya que la capacidad de recaudación de México es baja. Los impuestos únicamente representan 19.5% del PIB, cifra menor al promedio de los países de la OCDE que es 34.3%. Si existe poca recaudación en el país y se condonan recursos discrecionalmente, no será posible financiar una política innovadora para el desarrollo. No puedo afirmar que al abolir los privilegios fiscales el nuevo gobierno podrá financiar completamente su programa de gobierno, pero sí tendría un ahorro sustancial. El monto de impuestos que 36 empresas no pagaron en 2013 por una condonación fue igual a todo el presupuesto de la Secretaría de Gobernación en 2015.

En tercer lugar, la información pública es el instrumento fundamental para analizar, diagnosticar y sanear la política fiscal. Actualmente, los datos sobre las decisiones del SAT y a quienes benefician no son públicos. Esto dificulta evaluar la política fiscal y saber quiénes se benefician del statu quo. Un ejemplo de esto es que el autor Thomas Piketty no incluyó a México en su famoso libro ‘El capital en el siglo XXI’ por falta de información pública. Para resolver los problemas que tiene el país, primero es necesario diagnosticarlos. Si abolir los privilegios e impulsar el desarrollo son prioridades, la trasparencia también debe serlo.

En el INAI estamos convencidos de lo anterior y actuamos en consecuencia. El viernes 22 de junio pasado, al resolver el recurso de revisión RRA 3205/18, propuse al pleno del INAI que el SAT hiciera públicas todas las condonaciones de impuestos realizadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y los nombres de las empresas que las recibieron. Esta resolución fue aprobada por unanimidad. La convicción de que cada peso que es condonado discrecionalmente es un peso que no se invierte en salud, educación o infraestructura guió nuestro análisis. Al transparentar estos datos, el INAI contribuye a avanzar hacia un esquema fiscal equitativo y, por lo tanto, hacia un país con dignidad.

Abolir los privilegios será uno de los mayores retos del nuevo gobierno. Pero también será un reto comenzar a paliar uno de los grandes déficits en nuestra germinal democracia: introducir la “percepción igualitaria del vínculo social” como imaginario político en nuestra sociedad, como lo pensó Alexis de Tocqueville en ‘La Democracia en América’. Imaginar y vivir en un país entre iguales como basamento para la construcción de un México más justo, un México con menos corrupción, desigualdad, inseguridad, e impunidad.

*Comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.