Después del 19-S, #ReconstrucciónAbierta
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Después del 19-S, #ReconstrucciónAbierta

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Después del 19-S, #ReconstrucciónAbierta

03/10/2017
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sismo
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Septiembre de 2017 será un mes recordado con suma tristeza por los mexicanos. Dos terremotos devastaron el sur y centro del país. Pero las imágenes hablan por sí solas; dieron la vuelta al mundo escenas de cómo los mexicanos, ante la tragedia, se solidarizaron y autogestionaron con gran diligencia y efectividad para participar activamente en los esfuerzos de rescate y procurar desinteresadamente el sustento básico a los damnificados. Fue su colaboración la que permitió superar el momento de mayor crisis. Hoy es fundamental mantener un horizonte común para reconstruir las zonas afectadas y, simultáneamente, plantear un nuevo futuro para el país.

Para lograr esto veo al menos cinco pasos indispensables. El primero es asegurar los recursos financieros y humanos para llevar a cabo las labores de ayuda y reconstrucción. Hasta ahora la mayor parte de la energía social e institucional se ha concentrado en este punto. El segundo es definir y dar a conocer, de la mano de expertos, las reglas a seguir para que los afectados por los sismos puedan ser beneficiarios de los diversos apoyos. Las reglas deben ser transparentes y claras para promover una asignación expedita y equitativa. Las autoridades deben divulgarlas activamente y por diversos medios ya que todas las víctimas deben estar informadas y saber con precisión a que tienen derecho.

El tercer paso es que las instituciones publiquen información relevante, oportuna y accesible sobre los recursos destinados a la reconstrucción. Los ciudadanos necesitamos saber cuántos fondos y programas serán utilizados para cada acción, de dónde provienen, qué dependencia y nivel de gobierno hará uso de ellos, cómo se ejercerán y, una vez que las labores hayan terminado, cuáles fueron los resultados y la satisfacción de los beneficiarios (1). El cuarto paso es activar el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional Anticorrupción para identificar, prevenir y sancionar posibles desvíos en la ejecución de estos fondos y programas. Su actuar será fundamental para que las autoridades rindan cuentas en cada una de las fases del proceso de reconstrucción. Finalmente, es necesario establecer mecanismos para reparar los daños causados por posibles negligencias y faltas de constructoras y/o la autoridad y en lo subsiguiente castigar a quienes hagan mal uso de los fondos de reconstrucción. No podemos permitir que los recursos para las víctimas sean utilizados con fines personales o electorales.

La plena transparencia y la participación ciudadana deben ser los ejes que den certeza a la población de que los recursos se ejercerán con integridad y que su inversión ayudará a las víctimas a recuperar su vida cotidiana. Además, será un gesto de las autoridades para demostrar que somos capaces de estar a la altura de la solidaridad ciudadana. La población ya probó su capacidad de responder de forma organizada y solidaria ante las tragedias del mes pasado. En 2017, como ocurrió en 1985, la tragedia de los terremotos abrió la puerta para replantear la interacción entre autoridades y población en pos de construir un mejor país. No cerremos la puerta, abramos toda la información relevante del proceso de reconstrucción, creemos mecanismos para que la población proponga, vigile y denuncie posibles malos manejos: hagamos una #ReconstrucciónAbierta.

Frente a la coyuntura electoral de 2018, debemos cuidar que los recursos destinados a la reconstrucción no se vuelvan parte de una estrategia electoral. Dar en los próximos tres meses los cinco pasos señalados permitirá identificar y detener posibles intentos de utilizar estos fondos para financiar campañas o coaccionar votos. También permitirán hacer responsables a quienes incurran en estas prácticas. El 19-S debe ser el hito de cómo la población se apropió de un nuevo diseño institucional del Estado mexicano para cambiar el país y controlar la forma en que se ejerce el poder. Si en nuestra respuesta a esta tragedia redefinimos la relación entre población y autoridades, ningún grupo político o económico en el país volverá a usar el poder en detrimento del bien común.

(1) Sobre este tema, recomiendo el informe del Banco Mundial: Two Years After the Java Earthquake and Tsunami: Implementing Community Based Reconstruction, Increasing Transparency, disponible en http://bit.ly/2xIkzY6.

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* El autor es comisionado del INAI y coordinador de la comisión de gobierno abierto y transparencia.

Twitter: @joelsas

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Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.