"Diez organizaciones sociales dejaron el Secretariado Técnico Tripartita (STT), con el que opera en México la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), denunciando que la administración de Enrique Peña Nieto no actuó de manera efectiva ante el caso de espionaje de diferentes oficinas del gobierno mexicano a investigadores y defensores de la salud en México, revelado en febrero pasado". Así comenzaban las notas que hace un año daban cuenta de la ruptura del gobierno federal con la sociedad civil. El naufragio de este gobierno comenzaba.
La administración de Enrique Peña Nieto mostraba uno de sus peores lados: no sólo se había descubierto cuáles dependencias habían adquirido un software para vigilar a periodistas y activistas 'incómodos', sino que, una vez descubiertas, no se había hecho nada para iniciar los procesos que llevaran ante la justicia a quienes habían dado origen al #GobiernoEspía.
Ese 23 de mayo de 2017, la sociedad civil dio un golpe en la mesa y decidió cortar comunicación con una administración que había demostrado que no los respetaba y que no los escuchaba. "En México no existen las condiciones para una participación libre y segura de la sociedad civil que permitan avanzar en la agenda de la Alianza para el Gobierno Abierto.
"El espionaje dirigido a defensores de derechos humanos y el incremento súbito de las amenazas a la libertad de expresión aumentan la desconfianza e impiden un diálogo entre pares con el gobierno", expresaban en ese momento.
Ha transcurrido un año y al gobierno que ya se despide no le ha preocupado en nada ni restaurar esta relación ni avanzar en la investigación del espionaje gubernamental que atenta contra la libertad de expresión. A la fecha, CitizenLab ha conseguido más de un centenar de expedientes en los que se comprueba igual número de intentos en los que 20 periodistas, activistas, defensores de derechos humanos, fueron espiados a través de la infección de sus dispositivos con el malware Pegasus.
La comunidad internacional se ha pronunciado al respecto y en al menos dos ocasiones el escándalo del #GobiernoEspía ocupó la portada del diario The New York Times. Nada logró que hubiera voluntad política para que un gobierno desacreditado e inundado con escándalos de corrupción y violaciones a derechos humanos, se atreviera a dejar de simular indagatorias y pusiera responsables bajo proceso.
A un año de distancia, este es el mensaje de esa misma sociedad civil que se levantó de la mesa como una forma de protesta:
"Si no existen espacios seguros, libres y sustantivos para que la ciudadanía pueda dialogar y coconstruir con sus gobernantes, no se puede tener un gobierno abierto. Los casos de espionaje que dieron pie a la salida del NOSC del STT y del Tercer Plan de Acción de Gobierno Abierto el 23 de mayo de 2017 aún siguen impunes, así como también se mantiene la ausencia de voluntad política real para esclarecer las prácticas ilegales y abusivas de espionaje en contra de la ciudadanía.
"Las organizaciones que conformamos el NOSC mantenemos nuestras exigencias para que se investigue y sancione la vigilancia digital ilegal en México. Seguiremos trabajando para propiciar que existan las condiciones necesarias para contar en México con espacios de coconstrucción que permitan la generación de un Cuarto Plan de Acción incluyente, ambicioso y congruente con los principios de la apertura gubernamental en 2019, tanto de manera directa como a través de los mecanismos de la Alianza para el Gobierno Abierto. También, mantendremos nuestro apoyo a los grupos de sociedad civil que participan en los procesos de gobierno abierto en los estados", se lee en un comunicado de prensa emitido por Gobierno Abierto.
¿De verdad no nos hemos cansado de exigirle a gritos a un gobierno sordo?