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Opinión

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19/01/2018
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Decenas de personas se encuentran ya en el Ángel de la Independencia para llevar a cabo una velada por los normalistas desaparecidos. (Cuartoscuro)
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En México, donde hay más de 33 mil personas desaparecidas, donde la violación a los derechos humanos es grave y constante, donde una Ley General de Desaparición Forzada se aprobó apenas hace unos meses por la enorme presión de organizaciones civiles... en ese país, de nuevo, las víctimas pasan a segundo plano cuando lo que está como prioridad para el gobierno es mantenerse en el poder un sexenio más.

Miguel Ángel Osorio Chong dejó la Secretaría de Gobernación para intentar llegar al Senado y con esta ficha se movió una más, clave para las familias de las víctimas de desaparición: la subsecretaría de Derechos Humanos, que era ocupada por Roberto Campa y que, tras los cambios de gabinete, dejó en pausa todo el trabajo que durante este sexenio han realizado cientos de organizaciones y familiares.

Además de la búsqueda de desaparecidos, con casos tan emblemáticos como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que sigue sin resolverse, también el tema de la protección a defensores de derechos humanos y periodistas, otro de los focos rojos de esta administración, se pone en riesgo cuando por el cambio de un titular se pierden los avances en negociaciones y protocolos de actuación que se gestan desde la sociedad civil y que se busca que se adopten en las dependencias gubernamentales.

¿Qué pasa con un gobierno que no tiene como prioridad el trabajo con las víctimas? Rocío Uribe perdió a su hija María Fernanda Tlapanco, de entonces 14 años, en abril de 2012. En unos meses se habrán cumplido seis años de buscarla sin que haya un solo avance en la investigación. Fernanda es una de las más de mil 500 jóvenes que han sido desaparecidas, en Edomex, durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, y todo su caso ahora está en pausa ‘por los cambios del gabinete’.

¿Qué se le dice a las miles de familias que, como la de Fernanda Tlapanco, no han descansado en una búsqueda que sin la cooperación de las autoridades ha resultado inútil? ¿Cómo se les explica que deben seguir con el dolor de la duda y la impunidad porque viven en un país donde al gobierno le importa más el clima electoral?

Esta misma semana madres de desaparecidos se instalaron en una huelga de hambre frente a Segob para exigir continuidad en el trabajo con sociedad civil, ahora que a la Subsecretaría llegó Rafael Adrián Avante Juárez. No sólo deben vivir buscando casi solos a sus familiares, además deben montar una carpa frente a las oficinas de gobierno para recordarles que ahí están y que el país sigue con una impagable deuda con ellas y aquellos a quienes no encuentran.

Las organizaciones en defensa de los derechos humanos y de protección a periodistas, como Cencos u ONEA México han hecho un llamado público que condesan en tres peticiones que no son más que el llamado al gobierno a hacer el trabajo que ahora defienden en mítines, pero que no pueden sostener con hechos:

“1. Continuidad y fortalecimiento al mecanismo para que pueda contar con las herramientas y recursos necesarios que permitan dar cumplimiento a la obligación del Estado mexicano de proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

“2. Voluntad política que se traduzca en acciones contundentes que prevengan y sancionen las agresiones contra estos actores democráticos en el marco del proceso electoral.

“3. El reconocimiento expreso de la situación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas como un problema estructural en el que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de responder ante las exigencias de la sociedad civil y garantizar sus derechos y seguridad más allá de coyunturas políticas”, expresan en un comunicado firmado por 25 organizaciones sociales y personajes como Layda Negrete o Emilio Álvarez Icaza.

¿Hasta cuándo la sociedad civil va a tener que gestionar sus propias leyes, manifestarse para pedir justicia y recorrer a pie las calles para ser ellos quienes busquen y encuentren a sus familiares? ¿Hasta cuándo viviremos en un país donde hay que hacer marchas para que los periodistas no sean asesinados y haya justicia para los que han sido víctimas de la violencia? ¿Para qué queremos un gobierno que no responde a lo más elemental?

Twitter: @jrisco

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Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.