La guerra que viene
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La guerra que viene

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La guerra que viene

05/03/2018
Actualización 05/03/2018 - 12:04

Faltan 25 días para el arranque formal de las campañas, pero la guerra ya se declaró. El intercambio de declaraciones ayer entre Ricardo Anaya y Enrique Ochoa deja en claro que las siguientes semanas el escenario electoral público será una batalla campal en la que el primer gran golpe para las elecciones se concentrará en tener el segundo lugar en intención de voto para el 30 de marzo.

Tras la exhibición de los videos de Ricardo Anaya en las instalaciones de la PGR, quien acudía a conocer si había una indagatoria formal en su contra por presunto lavado de dinero, presentados con una ridícula justificación por el propio encargado de despacho de la Procuraduría, Anaya salió a jugar una carta de estrategia: advertirle al actual gobierno federal que de llegar a la presidencia en julio, irá tras ellos.

En conferencia de prensa, más de 48 horas después de las filtraciones de Alberto Elías Beltrán, Anaya anunció la creación de una Comisión de la Verdad asesorada por expertos internacionales además de reiterar su apoyo a la creación de una fiscalía autónoma e independiente como la que exigen colectivos ciudadanos y que ha apoyado más como parte de un oportunismo político que de una convicción verdadera.

“Señor presidente, le digo con respeto, serenidad y firmeza, así no, saque las manos del proceso electoral y deje que el pueblo de México elija en completa libertad.

“Hoy es contra mí, mañana puede ser en contra de otro candidato o candidata, o ciudadano opositor al régimen, y esto no lo debemos permitir (…). Mientras no haya consecuencias no se va acabar el problema de la corrupción y los señalamientos de corrupción a este gobierno son muy graves”, dijo Anaya cobijado por distintos personajes del Por México al Frente.

Anaya se convirtió en la víctima de aquella escuela del PAN y el foxismo que en 2005 intentaron, desde el gobierno federal, usar a las instituciones de impartición de justicia como mecanismo de eliminación de oposición. Ese mismo Diego Fernández de Cevallos que hace 13 años presidia el Senado y que dio entrada al juicio de desafuero contra el entonces jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador, es ese mismo que hoy denuncia el uso faccioso de las instituciones.

Sólo que el escenario y el contexto es muy distinto. Ricardo Anaya, aun con el apoyo de los desquebrajados PAN y PRD, está lejos de ser aquel kjefe de Gobierno que mostró el apoyo ciudadano con la mítica marcha del silencio.

Y es que como afirma el periodista Ernesto Núñez en el perfil que elaboró de Anaya, es un personaje que supo tejer un camino para asumir la candidatura del Frente, pero que no pactó para obtener la victoria.

Desde la soledad de liderazgos panistas que no pelearán por Anaya, y de perredistas que tampoco convocarán a una marcha ciudadana de apoyo, Ricardo sabe que se juega el todo por el todo y que la lucha es frontal: gobierno federal, tú me persigues y yo te persigo. Y lo hará abanderando propuestas que no son suyas, sino de colectivos ciudadanos como #FiscaliaQueSirva que ha planteado desde la autonomía y reestructura de la Fiscalía y la reforma del artículo 102, como la intervención de expertos internacionales y que es la única cuota de credibilidad que puede usar como arma ante el embate presidencial.

La persecución de posibles delitos relacionados con corrupción no debería ser condicionante de ninguna batalla electoral. Si hay responsabilidad de funcionarios actuales en delito alguno debe perseguirse independientemente de si se es o no candidato presidencial. De otra forma también representa el uso de la justicia y la verdad como arma política.

La respuesta priista no se hizo esperar: que no se condicionen las investigaciones contra Anaya, dice Enrique Ochoa. “Que no se ceda a la presión o a los chantajes”.

Y es que en los próximos días la lucha será por ver quién enfrentará a Andrés Manuel López Obrador en su tercer intento por obtener la presidencia. ¿Y en medio del pleito? Los ciudadanos, que desde la banca, vemos cómo nuestros candidatos usan la justicia con fines políticos y no de acceso a la verdad.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.