Recuerdo la manera en la que vendieron el reportaje previo a su publicación. Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad habían dado varios golpes periodísticos antes –tal vez el más representativo, el relacionado con las empresas fantasmas del exgobernador veracruzano, Javier Duarte–, pero nada parecido a este, por lo menos así nos lo advertían.
Y cumplieron su promesa. El trabajo periodístico de ambos equipos de investigación cimbraría la agenda nacional, se hablaba otra vez de triangulación de recursos, pero esta vez de una forma mucho más compleja, se trataba de '#LaEstafaMaestra: Graduados en desaparecer dinero público'.
El trabajo coordinado por Daniel Moreno y Salvador Camarena exponía más que un desvío, revelaba un sistema usado desde las más altas esferas del gobierno: "El gobierno federal, a través de 11 dependencias, lo ha utilizado una y otra vez para desviar miles de millones de pesos. Sólo al revisar las cuentas públicas 2013 y 2014, por ejemplo, Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI) detectaron contratos ilegales por siete mil 670 millones de pesos, y de este dinero no se sabe dónde quedaron tres mil 433 millones.
"Los siete mil 670 millones de pesos le fueron entregados a 186 empresas, pero 128 de ellas no debían recibir recursos públicos, porque no tienen ni la infraestructura ni personalidad jurídica para dar los servicios para los que fueron contratadas, o simplemente porque no existen (…). Este fraude, eso sí, es más sofisticado del que usó Javier Duarte.
"La diferencia radica en que aquí el gobierno no entrega los contratos directamente a las empresas, sino que primero los da a ocho universidades públicas y éstas lo dan después a las empresas. Sólo por triangular los recursos, las universidades cobraron mil millones de pesos de 'comisión', aunque no hayan dado ningún servicio".
Animal Político y MCCI decidieron seguir la pista del dinero y revisar qué hacían las universidades con esos montos y cuáles eran las empresas seleccionadas para estos 'trabajos'.
Luego de reportear en seis estados, revisar miles de documentos y visitar decenas de supuestos domicilios, la investigación de los periodistas Nayeli Roldán, Miriam Castillo y Manuel Ureste concluye y prueba que tres mil 433 millones de pesos se entregaron a empresas fantasma, cuyos socios viven en barriadas. Mil millones de pesos más fueron la comisión para las universidades y el resto sirvió para, supuestamente, contratar servicios.
Al uso de universidades para desviar dinero público le dediqué en este espacio una columna titulada 'La corrupción más dolorosa': "¿Hasta dónde vamos a dejar llegar a un gobierno impune que es capaz de torcer hasta la vocación más noble, como la de enseñar?", cuestionaba en aquel momento, como uno de los hallazgos más dolorosos del imperdible trabajo en el que también colaboraron Yosune Chamizo y Omar Bobadilla.
Tras la revelación, la respuesta cínica de la Secretaría de la Función Pública fue la de admitir que sabían de esos desvíos, pero de posibles sanciones a los funcionarios responsables, de eso nada.
Once funcionarios federales, todos cercanos al círculo íntimo del presidente Enrique Peña Nieto, entre los que sobresalía Rosario Robles, de la época en la que estuvo al frente de Sedesol.
El 13 de septiembre, pocos días después del sismo que devastó Oaxaca y Chiapas, tuve la oportunidad de entrevistar en el programa de Así las Cosas, en WRadio, a Robles y cuestionarla sobre estos desvíos, en los que millones de pesos destinados a los más pobres del país, simplemente habían desaparecido.
"Nosotros no contratamos, ninguna de las instituciones del gobierno, a empresas particulares, sino a las universidades. Punto. Estamos en medio de una tragedia, corriendo casa por casa, visitando municipios, estamos caminando, yo creo que habrá otro momento para que pueda aclararle a usted todo lo que quiera", argumentó la funcionaria. "Esperemos que exista este momento", le dije, y ya molesta reviró: "No tengo nada qué aclarar por la sencilla razón de que yo no firmé ninguno de esos contratos, que fueron auditados por (la Secretaría de) la Función Pública, que están siendo procesadas denuncias en la PGR, en la que en ninguna estoy mencionada, entonces yo le suplico que entendamos que estamos en un momento de emergencia, de desesperación de miles, de cientos de miles de personas, es hoy mi tarea fundamental".
Ayer, este trabajo periodístico fue reconocido con el Premio Ortega y Gasset, que otorga el diario El País. Y en medio de una contienda electoral como la que se vive en México, donde uno de los contendientes a la presidencia también ha resultado involucrado en los desvíos encontrados por la ASF y revelados por estos periodistas, las respuestas aún están en el aire. Y al contrario de lo que Robles respondió, sí hay mucho que los protagonistas de #LaEstafaMaestra aún tienen que explicar y mucho por lo que responder. ¿O no es acabar con la corrupción y la impunidad la propuesta más mentada de este proceso electoral?