En la memoria de los escándalos de este sexenio nos quedarán los increíbles casos de corrupción, como el del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y su voracidad por el dinero, que lo llevó a desviar miles de millones de pesos a través de una cínica triangulación con empresas fantasmas; tendremos los excesos de Roberto Borge, el exgobernador de Quintana Roo, virrey que quiso hacer suyo cada metro cuadrado del estado, se apropió de tierras, playas, hoteles y lo que se le pusiera enfrente; seguiremos la investigación del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, cuyo rancho personal era más grande que la capital del estado; se sumará a la memoria Guillermo Padrés, exgobernador de Sonora; Tomás Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, y varios más, pero hay uno que se ha escapado de la lupa mediática, de la memoria nacional, que desaparece de estos recuentos de corruptos ejemplares. Hablo del caso de Nayarit.
¿Usted recuerda el nombre del exgobernador de este estado? ¿Recuerda la historia del fiscal? ¿Sabe dónde están el exgobernador y el fiscal en este momento? ¿Le suena el nombre de Edgar Veytia? Se nos ha ido de la agenda y hemos dejado de lado lo que yo considero uno de los escándalos en el tema de seguridad más graves del sexenio que acaba.
¿Por qué nadie habla de Veytia y de lo que dice de nuestra seguridad nacional que alguien con esas acusaciones estuviera en el primer círculo del gobierno?
Empecemos refrescando la memoria: Edgar Veytia es el exfiscal del estado de Nayarit. Fue responsable de la seguridad de un millón 200 mil mexicanos desde 2013, y estuvo presente en Consejos de Seguridad de alto nivel de manera frecuente.
Este hombre le dio la mano al presidente de la República; diseñó estrategias contra el crimen organizado junto al entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; se sentó con procuradores generales; conoció planes de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional; a su cargo tenía cientos de policías estatales y manejó millones del presupuesto de seguridad.
De ese tamaño era Edgar Veytia, el exfiscal que fue detenido el 29 de marzo de 2017 en San Diego, California, y fue acusado por la Fiscalía General de Estados Unidos de tres cargos de conspiración para introducir y comercializar cocaína, mariguana, metanfetaminas y heroína en Estados Unidos, actividades que habría realizado al amparo de la protección del cártel de Los Dámaso, una organización del Cártel de Sinaloa
Al fiscal, a la mano derecha del gobernador de Nayarit, le llamaban El Diablo. Hoy enfrenta un largo proceso en Estados Unidos como lo hacen miembros élite de grupos del crimen organizado que, por más de una década, les han quitado el sueño a millones de mexicanos.
De Roberto Sandoval hace unos días apareció una nota perdida en los portales, así lo firma una nota de Proceso: "Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit, fue inhabilitado durante un plazo de 12 años, 10 meses y 15 días para desempeñarse en cualquier cargo del servicio público.
"La medida fue aprobada anoche por la sección instructora de la Comisión Especial de Gran Jurado, por incurrir en violaciones a la Constitución estatal y por manejo indebido de recursos públicos".
La nota pasó casi desapercibida en la conversación nacional, pero se trata de uno de los casos que deberían ser escándalo y que entre tanta y tanta tragedia y tanta impunidad, quedó rebasada.
La sanción a Sandoval, gobernador que permitió a Veytia entrar a los círculos más confidenciales de la seguridad nacional, no implica un ejercicio de la acción penal que lo lleve a un proceso judicial. Es sólo no permitirle ejercer un cargo público hasta 2031. Aunque si fuera verdad la acusación del desvío de dos mil 700 millones de pesos, dudo que el desempleo sea su mayor preocupación. Y eso si tiene alguna, porque de algo está seguro Sandoval: estando en México no será juzgado como lo está siendo su exfiscal Veytia, porque aquí se acumulan tragedias e impunidad.