Opinión

Jalisco, seguridad pública y competencia política

   
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Guerrero, violencia, homicidios

Las cifras de ejecuciones para abril de Lantia Consultores confirman la gravedad de la actual crisis de violencia e inseguridad. En dicho mes se registraron mil 378 ejecuciones, cifra superior en 40 por ciento al promedio mensual registrado en 2016, y más o menos el triple de lo que se observaba a mediados de 2014, cuando la violencia alcanzó sus niveles más bajos de los últimos tiempos.

Aunque esta violencia refleja en alguna medida conflictos entre grandes organizaciones criminales que abarcan varios estados, sus motores más importantes son de carácter primordialmente local. Mucho se ha dicho sobre los factores que propician que la violencia sea endémica en lugares como Guerrero (donde la presencia de un número muy alto de pequeños grupos criminales en conflicto coincide con una tradición de corrupción y cacicazgo por parte de las autoridades). También han llamado la atención aquellos estados que eran tranquilos, pero donde recientemente se ha observado un recrudecimiento de la violencia. Baja California Sur, Guanajuato y Puebla se ubican en este grupo. En el último caso se permitió que por años floreciera un enorme mercado de combustible robado, que actualmente constituye la principal actividad económica de varios municipios, con las lamentables consecuencias que atestiguamos en fechas recientes.

Un tercer grupo –cada vez más reducido– lo constituyen los estados donde la violencia del crimen organizado siempre se ha mantenido en niveles relativamente moderados: Aguascalientes, Campeche, Hidalgo, Querétaro, Tlaxcala, Yucatán y paramos de contar. Ninguno de estos seis estados tiene una importancia estratégica para la producción o el trasiego de drogas.

Por último hay un grupo de entidades federativas, las de mayor interés desde una perspectiva de política de seguridad, donde se han logrado contener e incluso revertir las crisis de violencia del pasado. Hasta hace un par de años los principales ejemplos dentro de este grupo eran Baja California, Chihuahua y Nuevo León. Desafortunadamente en los tres casos hubo una 'recaída' en 2016 (si bien la situación sigue siendo mucho mejor que la que se observaba en 2010 o 2011).

Entonces, ¿queda en México algún lugar donde siga bajando la violencia? Sí, pero los casos de importancia se limitan a uno solo: Jalisco. A diferencia de lo observado en el resto del país, las ejecuciones en dicho estado disminuyeron de forma sostenida de 2013 a 2016 (al comparar estos dos años la reducción es de 62 por ciento). No sólo eso, la gente dice sentirse más segura. De acuerdo con la Encuesta de Seguridad Pública Urbana del INEGI (ENSU), en marzo de 2016 el 66 por ciento de la población en la Zona Metropolitana de Guadalajara se sentía insegura; en la medición más reciente, de marzo pasado, la cifra se redujo a 60 por ciento.

Por supuesto, son muchos los factores que podrían explicar la relativa tranquilidad que se observa en Jalisco. La cohesión interna del Cártel Jalisco Nueva Generación posiblemente ha sido uno de ellos. Sin embargo, en Jalisco se observa otra particularidad que quisiera destacar. A partir de las elecciones de 2015 el poder en el Estado quedó repartido entre dos grupos políticos antagónicos: el priista, encabezado por el gobernador Aristóteles Sandoval, y Movimiento Ciudadano que ganó los principales municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara en 2015, y que encabeza el alcalde Enrique Alfaro.

De cara a los comicios estatales de 2018, que se anuncian reñidos, ambos grupos han tomado la seguridad como un tema central en su agenda de gobierno. Por parte del gobierno estatal se han hecho inversiones para fortalecer a la Fuerza Única Jalisco, que han permitido que dicha corporación sea de las pocas policías estatales del país que puede realizar con éxito decomisos, capturas y otros operativos de alto perfil. Por el lado de Movimiento Ciudadano, los alcaldes también han invertido para mejorar los salarios y reducir el déficit en el número de policías. Más significativo aún, tanto en la Policía Estatal como en las principales corporaciones municipales se han tomado medidas disciplinarias enérgicas en contra de elementos corruptos o contra quienes incumplen o se exceden en el ejercicio de sus funciones.

La coexistencia de las agendas de seguridad de dos adversarios políticos no es fácil. El mes pasado hubo un 'encontronazo' entre la Policía Estatal y agentes municipales de Guadalajara (quienes realizaban operaciones encubiertas vestidos de civil, y fueron confundidos con criminales por transeúntes, lo que ocasionó la intervención de elementos estatales). Sin embargo, la competencia también propicia una sana vigilancia mutua entre autoridades. Por ejemplo, en reiteradas ocasiones los alcaldes de Movimiento Ciudadano han denunciado lo que en su opinión es una práctica deliberada del gobierno estatal de dejar libres a los delincuentes que ellos capturan.

El caso de Jalisco es relevante en la actual coyuntura, en la que distintas voces han insistido en que se requiere establecer un Mando Único en cada entidad federativa (una apuesta difícil en términos políticos, que implicaría renunciar a la alternativa más viable de que se aprobara el mando mixto). La experiencia de Jalisco sugiere que la 'coordinación' no lo es todo en materia de seguridad pública. Por el contrario, en algunas circunstancias la competencia, e incluso la rivalidad, pueden ser el acicate necesario para los gobiernos le entren a un tema que de otra forma les resulta más cómodo dejar de lado.

Twitter: @laloguerrero

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