Jaime Sanchez Susarrey

Cannabis lúdica

Jaime Sánchez Susarrey escribe, respecto a la mariguana, que más vale regular y cobrar impuestos que tener un mercado negro de decenas de miles de millones de dólares.

Canadá legalizó el consumo lúdico de la mariguana el pasado miércoles 17 de octubre. No es el punto de quiebre de este proceso. Ese lugar, en espacio y tiempo, lo ocupó California en 2016. Pero no hay duda de que la tendencia ahora es irreversible y se acelerará.

En toda la costa oeste estadounidense (California, Oregón y Washington), con una población superior a los 50 millones, el consumo lúdico de la mariguana es legal. Si a esa región se suman los 37 millones de canadienses, y su Producto Interno Bruto, se forma un conglomerado superior a Francia, sexta economía mundial.

A ello hay que añadir otros estados donde la mariguana se produce y consume con fines medicinales, pero con regulaciones tan "laxas" que se prescribe para la ansiedad o el insomnio. Eso explica por qué se habla ya de un boom relacionado con el negocio de la cannabis.

El mejor ejemplo de lo que se avecina es la marca Constellation Brands, propietaria de Corona, que ha invertido 4 mil millones de dólares en la empresa canadiense Canopy Growth, con el objetivo de incursionar en bebidas que utilicen mariguana. Cabe advertir que, a casi dos años de haber asumido el poder, ni Trump ni Jeff Sessions, su procurador, han tenido éxito en el intento de frenar el proceso de legalización de la mariguana lúdica en los estados.

De hecho, Trump no fue un oponente radical al consumo de la mariguana. Siendo candidato se pronunció a favor de que cada estado resolviera la cuestión internamente. Incluso, su postura fue más progresista que la de Clinton, quien se declaró franca opositora.

Contrapunto. El proceso de legalización en Estados Unidos, aunque irreversible, es de orden local. En Canadá, en cambio, siendo nacional, es definitivamente irreversible y pasará a la historia como el primer país de la OCDE que legaliza el consumo lúdico de la mariguana.

Es por eso que la inversión de grandes marcas, como Constellation Brands, apunta al futuro con la con la certeza de que el proceso de legalización terminará por extenderse en todo Estados Unidos, tal como ocurrió con el alcohol en los años treinta.

Canadá es mucho más que otro clavo en el ataúd de la estrategia prohibicionista, se está convirtiendo ya en un catalizador que acelerará el proceso en el norte de América. Por eso se debe aprovechar la ventana de oportunidad que se le abre a este país y al gobierno entrante.

Este es el momento para México. Más vale regular y cobrar impuestos que tener un mercado negro de decenas de miles de millones de dólares, que genera una enorme renta para los cárteles de las drogas, y alimenta esa hidra de mil cabezas que es el crimen organizado.

La pregunta, por lo tanto, ya no es si se debe legalizar o no, porque los argumentos, los hechos y los vientos que vienen del norte son claros y contundentes, sino qué tipo de modelo se debe implementar. Uno de corte estatista, como el uruguayo, u otro que ponga el énfasis en el mercado, como está ocurriendo en Estados Unidos y Canadá.

Lamentablemente, la barroquería mexicana, y el estatismo trasnochado, no son buenos augurios ni han dado resultados efectivos. Su combinación engendra sobrerregulaciones y esperpentos, como los organismos electorales estatales.

Por contra, la regulación de la mariguana debe inspirarse en principios sobrios: el derecho de cada ciudadano a experimentar; la simplificación del ordenamiento; la referencia obligada y probada de la producción y venta del alcohol, y que el Estado no es buen productor ni organizador.

Finalmente, debe reconocerse que la mariguana es, a final de cuentas, una mercancía más que será regulada, como otras tantas, por el tratado de libre comercio. De manera tal, que las normas que aquí se impongan no deberían ser la antípoda de lo que sucede en EU y Canadá.

La prohibición está herida de muerte, pero en México seguiremos contando muertos y desaparecidos mientras no reaccionemos. Se puede contraargumentar que la regulación no resolverá –por sí sola– todo el problema de la violencia y la inseguridad, y es cierto. Pero igualmente cierto es que sin ser una condición suficiente, sí es una condición absolutamente necesaria que no se debe postergar.

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