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La confrontación de las precampañas políticas no debe minimizar la relevancia de la sanción que impuso el INE, el pasado 10 de enero, por financiamiento ilegal en la campaña presidencial de 2012.
Tampoco debe servir de distractor el hecho de que la sanción derive de una violación a la ley cometida hace cinco años y por la que resultaron multados todos y cada uno de los partidos y coaliciones de aquel momento. La culpa colectiva no debe restarle gravedad a la infracción.
La investigación del INE había iniciado con el famoso caso Monex, en enero de 2013, pero a pesar de que la autoridad electoral hizo 26 requerimientos a las instituciones bancarias y que desde 2008 el secreto bancario no es oponible al INE, no fue sino hasta el 1 de diciembre del año pasado que, con la intermediación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), finalmente se recibió la información que era clave para identificar la relación entre los destinatarios de 33 mil tarjetas bancarias y el proceso electoral de 2012. Hoy sabemos que parte de dichas tarjetas, expedidas por Bancomer a favor de la empresa concentradora Asismex SA de CV, que distribuyó los recursos, sirvieron para pagar a siete mil 311 representantes de los partidos políticos en las casillas electorales.
La sanción es particularmente importante porque da cuenta de la complicada trama detrás de un financiamiento irregular que, por su propia naturaleza, se oculta gracias a resquicios legales como el secreto bancario, que protege la identidad de las personas involucradas en los flujos de dinero. Esta es la primera vez que el proceso de fiscalización del INE logra identificar a una empresa fantasma
–Asismex, una comercializadora creada en 2010– que firmó contratos con Bancomer y recibió depósitos por mil 393 millones de pesos, entre octubre de 2011 y julio de 2012, con objeto de dispersar recursos sin dejar rastro de ello.
El carácter de empresa fantasma es evidente porque ninguna de las 14 empresas ligadas a Asismex cumplió con sus obligaciones fiscales de facturar sus ingresos y egresos ante el SAT, ni de reportar el pago de sueldos o salarios de sus empleados y además ya no es posible localizarlas. En el ámbito electoral, la falta es muy grave porque la legislación prohíbe expresamente el financiamiento a partidos y candidatos de parte de personas morales (art. 54 de la Ley General de Partidos Políticos). Además, ninguno de los partidos reportó el ingreso recibido, que ascendió a 18.4 millones de pesos. Por ello el INE impuso una sanción equivalente a 200 por ciento de la suma involucrada en el ilícito; es decir, por 36.9 millones de pesos. No obstante, la multa fue diferenciada en razón del número de representantes beneficiados en cada partido y coalición. Así, la sanción al PRI-PVEM fue de 30.3 millones; al PAN, de 1.5 millones; al PRD-PT-MC, de 4.1 millones, y al Panal de 978 mil pesos.
Una vez que el INE hizo la conexión de recursos ilegales que llegaron a los partidos políticos en 2012, la pregunta obligada es de dónde provino el dinero que fue a parar a las empresas fantasma de Asismex y de ahí a los representantes de los partidos. La base de datos de Bancomer con los nombres de quienes recibieron las tarjetas permitió al INE contrastarlos con sus listas de representantes de los partidos políticos para encontrar las coincidencias. El INE sancionó a los partidos políticos y ninguno de ellos negó haber recibido la aportación, pero falta aún conocer el origen del dinero que ingresó ilegalmente a la elección. Esta es una investigación que rebasa las atribuciones del INE y que depende tanto de la CNVB como del SAT, que rastrea a las empresas que evaden sus obligaciones fiscales.
Este caso de financiamiento ilícito en las elecciones da cuenta de que el INE requiere de la colaboración estrecha de las entidades reguladoras del sistema financiero, a fin de identificar con precisión el eventual ingreso de recursos paralelos y prohibidos a los procesos electorales y para rastrear quiénes de los actores políticos fueron beneficiados, y todo ello tiene que hacerse en plazos perentorios fijados por la LGIPE (Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales).
El INE organiza los procesos electorales para garantizar la integridad del voto y está probado que ese es uno de sus activos. Pero ahí no termina su función y fiscalizar los recursos de partidos y candidatos se ha convertido quizás en el asunto más controvertido de las elecciones, por ello la colaboración estrecha y pronta de las autoridades financieras y fiscales es crucial.
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