53 millones de pesos al día es lo que gasta el gobierno federal en publicidad oficial; y para finales de la administración actual de Peña Nieto, se calcula que se habrán destinado a dicho rubro cerca de 60 mil millones de pesos. Además de lo escandaloso de las cifras, los estudios de Fundar y Artículo 19 dan cuenta de que siempre se gasta mucho más en publicidad oficial de lo que el Congreso aprueba presupuestalmente –en 2016 se gastó 71.68 por ciento más– y, por si fuera poco, los recursos se distribuyen con gran discrecionalidad y de forma muy concentrada, pues la mitad de las carretadas de dinero van a parar a sólo 10 de los cerca de mil proveedores existentes.
Lo más grave de estas contrahechuras de la publicidad oficial es que dañan el ejercicio de la libertad de expresión, que es la piedra angular de cualquier democracia. Sin criterios claros sobre la cantidad a distribuir, sobre las reglas para repartir los recursos y los mecanismos para vigilar su ejercicio, la publicidad oficial se convierte en un instrumento de control de líneas editoriales, o en una forma de censura y un obstáculo al derecho a la información de los ciudadanos.
El dinero público sin condicionamientos claros para su asignación hace de los medios unos clientes del poder, condescendientes con él, con lo cual la prensa pierde su capacidad de ser un auténtico contrapeso. Pero no es que los recursos en publicidad oficial conviertan a los medios en víctimas; son más bien sus cómplices, ya que estos también chantajean al poder con una eventual manipulación de las noticias en su contra, a cambio de obtener los recursos.
Es por ello que resulta inaceptable e indebido que la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobara en días pasados por una mayoría de 15 votos a favor, ocho en contra y una abstención, una iniciativa de Ley General de Comunicación Social, presentada por el PRI, PVEM y Nueva Alianza, que lejos de resolver el daño que provoca a la libertad de expresión la forma discrecional con la que se otorgan los recursos para publicidad oficial, institucionaliza las malas prácticas existentes.
La mencionada ley general desconoce que la publicidad oficial puede ser un mecanismo de control indirecto sobre las políticas editoriales; no corrige la asignación discrecional del dinero público ni su utilización para fines proselitistas, o coloca topes a los gastos en esta materia; tampoco despoja a la Segob del control sobre la distribución de los recursos o sobre el padrón de proveedores que se verán beneficiados.
La ley considera que las campañas de publicidad pueden servir para "difundir los logros de los gobiernos" (art. 4º), es decir, está permitido que se usen para la promoción de figuras públicas, lo cual es una violación directa al artículo 134 constitucional, que establece que: "La propaganda deberá tener carácter institucional y fines informativos educativos y de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público".
Por otra parte, no se señalan criterios claros y preestablecidos para la asignación de los recursos (art. 7º) ni hay una propuesta para un mejor control presupuestario que revierta gastos abusivos o excesivos ni para fijar topes de gastos (art. 18º), o sea, sigue privando la indefinición.
En suma, la Ley General de Comunicación Social aprobada en comisiones es deficiente e ilegítima, pues no corrige las violaciones a la libertad de expresión. Pretender que con ella se colma la omisión legislativa sobre la cual se pronunció la sentencia de la SCJN, el pasado 15 de noviembre, es olvidar que, si bien la Corte no señaló contenidos precisos a incluir en la legislación, era obligatorio que la ley que se emitiera se apegara a los principios del artículo 134, párrafo ocho de la Constitución.
Es lamentable que el partido en el gobierno pretenda cerrar el último periodo ordinario de sesiones del Congreso, pertrechado en los viejos métodos de control autoritario sobre la utilización de la publicidad oficial.
No es cierto que no haya tiempo para aprobar una buena ley antes del 30 de abril; el Senado de la República elaboró un cuadro comparado de las ocho iniciativas existentes, incluyendo al decálogo presentado por la asociación #MediosLibres, además de que hay principios y estándares internacionales como los elaborados por la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH en 2012. Los legisladores están perdiendo la oportunidad de ser sensibles a la urgencia de cambiar la relación perversa que existe entre medios y poder.