Predicar sin el ejemplo
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Predicar sin el ejemplo

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Predicar sin el ejemplo

07/01/2019

Abanderar la lucha contra la corrupción y no predicar con el ejemplo es, por decir lo menos, demagógico. La primera responsabilidad de los funcionarios del nuevo gobierno en la materia es presentar sus declaraciones patrimoniales y de intereses, junto con el comprobante de su declaración fiscal durante los 60 días naturales posteriores a asumir el encargo (Art. 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas [LGRA]). Pero, llenar un formato y entregarlo a la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el caso del gobierno federal, no implica cumplir con el compromiso de someterse al escrutinio, sobre todo de los ciudadanos.

Si algo evidenció con nitidez el reclamo de la sociedad en contra de la corrupción fue la movilización social de 2016, que derivó en la presentación de la iniciativa ciudadana mejor conocida como #Ley3de3 que desembocó en la LGRA, en el marco de la construcción del Sistema Nacional Anticorrupción.

El mensaje de la #3de3 fue que un primer requisito para controlar la corrupción pública era focalizarse en la responsabilidad de los funcionarios públicos y obligarlos a someterse no sólo a la vigilancia de la autoridad competente, sino a la de los ciudadanos, para lo cual era necesario que éstos contaran con acceso a los respectivos documentos. La forma de hacerlo era que la publicidad de las tres declaraciones dejara de ser voluntaria, como lo establecía la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos anterior, para convertirse en obligatoria (Art. 29 LGRA) y poder alentar una contraloría ciudadana sobre la evolución de los bienes patrimoniales y los posibles conflictos de interés.

Debido a que las declaraciones patrimoniales y de intereses contienen datos personales cuya publicidad pudiera afectar la vida privada, la LGRA estableció que a partir de una propuesta del Comité de Participación Ciudadana, el Comité Coordinador, órgano rector del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), aprobara tanto los formatos de las declaraciones como los lineamientos y el instructivo para el llenado y la presentación de las mismas. Después de casi dos años de trabajo, el pasado 16 de noviembre se publicó en el Diario Oficial el decreto por el que se expiden los nuevos formatos de las declaraciones patrimonial y de intereses, aprobado por el SNA, con lo cual se vería materializada la exigencia ciudadana de la #Ley3de3, sentando las bases para contar con una clase política confiable.

Con todo, aún falta un eslabón técnico-legal para que se cierre el círculo de la obligación de publicar las declaraciones. De acuerdo con el artículo 26 de la LGRA, es necesario que esté conformada la Plataforma Digital Nacional del SNA que administrará la Secretaría Ejecutiva del Sistema y que albergará los documentos de las declaraciones patrimoniales y de intereses y el 30 de abril de 2019 es la fecha límite para que esté concluida. Dicho de otra manera, estamos a escasos cuatro meses de que ya no existan resquicios legales para mantener en reserva las declaraciones de los bienes y los intereses de los funcionarios de todos los órdenes de gobierno.

Hay dos ejemplos de declaraciones presentadas por los principales funcionarios del gobierno de López Obrador que muestran su renuencia a predicar con el ejemplo. La suya propia, que se hizo pública, pero aparece sin bienes inmuebles o muebles y con apenas dos cuentas de inversiones, lo cual muestra que ni su rancho de Tabasco, ni la casa que habita de la Ciudad de México están a su nombre o el de alguno de los obligados por su declaración, como su cónyuge o dependientes económicos, lo cual resulta poco creíble con todo y la austeridad de AMLO. El otro ejemplo es de algunos de los miembros de su gabinete que, amparados en el resquicio de la vieja Ley Federal de Responsabilidades Administrativas, optaron por no hacer públicas sus declaraciones.

¿No habría sido mejor que todo el gabinete publicara sus declaraciones por decisión propia, no para pretender que carecen de bienes y propiedades, que suponemos adquirieron por vías legales, sino para mostrar su determinación de ser ejemplo de integridad?

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.