Opinión

Opacidad y arbitrariedad en la ALDF

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Es un escándalo la manera como la Asamblea Legislativa de la Cd. de México (ALDF) ha conducido el proceso de renovación del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas (mejor conocido como Info-DF). No sólo ha privado la opacidad, sino la arbitrariedad y la falta de seguridad jurídica, que son requisitos indispensables de un órgano legislativo que, además, se ostenta como adalid del parlamento abierto.

Los atropellos a la transparencia y a la certeza jurídica comenzaron desde el lanzamiento de la convocatoria para el registro de aspirantes al cargo de comisionado ciudadano, el pasado 21 de diciembre. En un acto casi de provocación de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción de la ALDF, se fijó como plazo para recibir postulaciones sólo cuatro horas (entre las 10 am y las 14 hrs. del 22 de diciembre). Resulta tan burda la maniobra que podría pensarse que fue más bien un error que un afán de controlar el proceso para favorecer a allegados, mediante información privilegiada; sin embargo, las irregularidades y los intentos de manipulación no terminaron ahí.

Ante la protesta de organizaciones de la sociedad civil, el plazo para el registro se amplió hasta el 12 de enero de este año, lo que permitió que se inscribieran 67 candidatos; sin embargo, ni se publicaron los criterios de evaluación para seleccionar a los perfiles idóneos ni se dieron a conocer los CV de los aspirantes, obviamente con su consentimiento, ni tampoco se abrieron las distintas fases del proceso al escrutinio de las organizaciones de la sociedad civil, tal como plantean los principios del parlamento abierto y las buenas prácticas internacionales.

Ahí no terminó la trama de los sesgos en el proceso de selección. El 19 de enero, cuando ya había concluido la segunda fase de las entrevistas a los distintos aspirantes, la Comisión de Gobierno de la ALDF instruyó a la Comisión de Transparencia –facultada para llevar a cabo el proceso– para que reabriera la convocatoria por 48 horas más para recibir nuevas postulaciones, con el argumento de que había que garantizar la paridad de género, pues sólo se habían inscrito 19 mujeres. No puede sino pensarse que la maniobra buscaba incorporar a personas ligadas a alguno de los políticos de la ciudad, algunos nada reputados como Mauricio Toledo.

Unas 125 organizaciones de la sociedad civil protestaron públicamente ante tal acción abusiva y facciosa, primero porque la paridad debe asegurarse en la conformación del Pleno del Info-DF, no en la lista de aspirantes donde había tela de donde cortar. Pero, más importante, porque reabrir una convocatoria cuando el proceso estaba ya en la última fase es una flagrante violación procedimental, que introduce incertidumbre jurídica, e inequidad entre los candidatos a un órgano constitucional autónomo, que es clave para el avance del derecho de acceso a la información en la CDMX y para la edificación del Sistema Local Anticorrupción. Hay que recordar que presidente del Instituto de Transparencia es integrante del órgano rector de dicho sistema, cuya integración, por cierto, no ha cumplido en la capital del país ni con los plazos legales establecidos ni con los principios del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

De acuerdo con la Ley General del SNA, todos los sistemas locales debían haber estado plenamente constituidos el 18 de julio de 2017, con sus reformas legales emitidas y sus nuevos integrantes nombrados (el fiscal anticorrupción, el Comité de Participación Ciudadana [CPC] o la Secretaría Técnica, entre otros). Con un claro retraso, apenas el 1 de septiembre de 2017 fue publicada la Ley del Sistema Anticorrupción de la CDMX, y de nuevo fue necesaria la presión de la sociedad civil para que sus contenidos se ajustaran a las reglas del modelo normativo nacional. Aun así, la ALDF se arrogó la facultad de nombrar al secretario técnico, dejando fuera del proceso de selección al CPC.

La arbitrariedad de la ALDF podría haberse explicado por la hegemonía de un solo partido como sucedió durante casi veinte años. Sin embargo, en 2015, con la escisión del PRD y el surgimiento de Morena, ningún partido por si solo alcanza mayoría absoluta (Morena y el PRD tienen cada uno 1/3 de la ALDF). Dos años de pluralidad, lejos de haber reforzado los contrapesos en la ALDF, parecen haber servido para mantener una hegemonía de facto, verdaderamente lamentable.

Opine usted: jacpeschard@yahoo.com.mx

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