Incrementar los días y las horas de trabajo de los empleados de confianza del sector público para que laboren ocho horas de lunes a sábado es una medida que no fomenta la eficacia, ni el profesionalismo ni tampoco la productividad; en cambio, sí atenta contra derechos laborales constitucionalmente mandatados.
Como sabemos, esta propuesta de aumentar el horario de trabajo de los servidores públicos de confianza forma parte del Plan 50 de Austeridad de López Obrador, presentado a los futuros funcionarios y legisladores de Morena, PES y PT, que tiene por objetivo reducir el gasto en la función pública como mecanismo para limpiarla, moralizarla y erradicar la corrupción. La intención es, sin duda, encomiable y seguramente contará con un gran respaldo popular, porque han existido enormes excesos, y siempre con tendencia al alza, en los gastos de operación de las áreas de confianza de dependencias y entidades públicas. Pero siendo aplaudible la idea de acotar y hacer más austera la función pública, quiero detenerme en el punto 27 del Plan, que establece el aumento de la jornada laboral de los empleados de confianza, el cual está complementado por el punto 21, que señala que dicho sector disminuirá en 70 por ciento y en esa misma proporción bajará su respectivo gasto de operación.
¿A qué responde esta idea de elevar el nivel de exigencia a los empleados de confianza del sector público? Entiendo que detrás de esta propuesta está la convicción de que son trabajadores privilegiados y de excepción, que responden a la lealtad del superior jerárquico y que son contratados bajo la lógica de la confianza personal, además de que generalmente ganan más que los de base, aunque tienen horarios abiertos, sujetos a las necesidades de las funciones de sus superiores. Dicho de otra manera, el planteamiento busca homologar la labor de los servidores públicos, reivindicando a los trabajadores de base que están sujetos a horarios y funciones fijas y que ingresan generalmente a través de los acuerdos con las organizaciones sindicales.
El problema de este planteamiento es, primero, que olvida el mandato constitucional del artículo 123, que establece la jornada laboral de 40 horas para todos los trabajadores, sin especificación alguna. Ignora también las razones que llevaron a que el servicio público echara mano de empleados de confianza, debido a las deficiencias de nuestro sistema laboral, en donde los de base ascienden por escalafón, sin que ello esté sustentado en una adecuada evaluación de las habilidades técnicas y profesionales de los trabajadores.
Además del retroceso que esta medida representa para los derechos laborales de los empleados de confianza, hay que recordar que un incremento en las horas de trabajo milita en contra del derecho a la igualdad laboral de las mujeres, considerando las tareas familiares y domésticas que desempeñan. Además, los estudios de la OCDE han señalado desde 2013 que México es uno de los países con un promedio de horas laborales al año muy superior al del resto de los integrantes de dicha organización (dos mil 237 horas frente a mil 770 horas) y esto ha estado lejos de traducirse en mayores índices de productividad. Es más, la tendencia mundial es a bajar el número de horas de trabajo, justamente como fórmula para incrementar el rendimiento de las empresas y entidades, pues este no sólo depende de las horas presenciales, sino de las que se destinan de forma complementaria a la vida familiar y a la distracción, es decir, a la restauración de la capacidad de trabajo.
Esta propuesta no considera que lo que sí puede servir para reducir los márgenes de discrecionalidad en la contratación de los empleados de confianza es el desarrollo del servicio profesional de carrera, cuya puesta en práctica –que se legisló hace veinte años– ha sido aplazada o deficientemente instaurada, y aunque el actual gobierno pretendió hacer una revisión profunda por la vía de la Ley de Profesionalización, el debate sobre sus objetivos y alcances sigue siendo una asignatura pendiente.
Es cierto que la austeridad ha sido una razón esencial del gran respaldo popular de que goza López Obrador; sin embargo, valdría la pena seguir la mecánica de la consulta y la discusión amplia y profesional, que él mismo ha planteado, para impulsar políticas de integridad que no dañen la función pública, pero sobre todo que no dañen los derechos laborales de las personas.