Mujer y periodista
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Mujer y periodista

28/05/2018
Actualización 28/05/2018 - 13:38

En México cada 15 horas se comete una agresión en contra de un periodista. Así lo ha mostrado Artículo 19, la organización de la sociedad civil especializada en investigar y documentar casos de violación a la libertad de expresión. De esta magnitud es la amenaza al ejercicio de la prensa libre y crítica en un país acosado por la violencia y la inseguridad y con fuertes déficits de capacidad institucional para perseguir los delitos y garantizar el ejercicio de los derechos humanos fundamentales.

En lo que va del presente siglo, nuestro país ha registrado 36 asesinatos de periodistas y el número sigue en aumento a pesar de la existencia de una Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y de mecanismos especiales para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos cuando éstos son amenazados, ya sea por el crimen organizado o por los propios funcionarios públicos (ese fue el caso del reportero Cándido Ríos, en Veracruz, quien fue asesinado aunque contaba con el resguardo de fuerzas de seguridad porque había sido amenazado por el exalcalde de Hueyapan). La impunidad en estos casos es abrumadora, ya que de 798 denuncias por agresiones a periodistas recibidas entre 2010 y 2016 sólo tres han derivado en sentencias condenatorias.

Aunque las estadísticas muestran que la mayoría de los periodistas muertos son hombres, hace unos días Alicia Díaz González, reportera de EL FINANCIERO apareció muerta a golpes en su departamento de Monterrey; es decir, de los cinco periodistas asesinados en lo que va de 2018, ya hay una mujer en la lista. Aunque no está claro que su condición de género haya sido parte del móvil del homicidio, ser mujer y periodista puede ser una combinación letal en México, porque combina dos condiciones particularmente vulnerables en el contexto de atentados a la integridad humana y profesional que vivimos. Este asesinato nos trae a la memoria el caso de Miroslava Breach, de Chihuahua, cuya investigación sigue inconclusa a más de un año de que su muerte cimbrara a la sociedad mexicana. Por ello, en esta ocasión volvieron a levantarse las voces de alerta conjunta de los representantes de ONU-Mujeres y de ONU-Derechos Humanos, quienes pidieron a las autoridades mexicanas que muestren determinación en las acciones que emprendan para combatir la violencia en contra de periodistas y mujeres, en virtud de que se trata de violaciones a dos derechos humanos de primer orden que dan cuenta de cuán defectuosa es nuestra democracia.

Los ataques a la prensa han dejado de ser casos aislados o extraordinarios y se han convertido en parte de nuestro panorama cotidiano, producto de una imbricación de nuestras instancias públicas con prácticas delincuenciales. El mismo Artículo 19 ha mostrado que los responsables de la gran mayoría de los asesinatos de periodistas son funcionarios públicos en los distintos niveles de gobierno, y los casos reportados en 2016 abarcaron una variedad de estados gobernados por diferentes partidos políticos, tales como Veracruz, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Baja California y Baja California Sur, Jalisco, Michoacán y Morelos.

No es casual que la percepción generalizada sobre las amenazas a la prensa revele que 58 por ciento de las personas en el ámbito local considera que no existe libertad de prensa en su estado y 61 por ciento en el ámbito nacional piensa que hay serias restricciones al ejercicio de dicho derecho. Así concluyó la encuesta de Parametría en mayo de 2017, según la cual nueve de cada 10 mexicanos considera que la inseguridad es el mayor obstáculo para la labor periodística. El índice que año tras año elabora Freedom House sobre el tema colocó a México, el año pasado, entre los países sin prensa libre.

En el marco de las campañas políticas era de esperarse que los candidatos presidenciales asumieran un compromiso firme y propuestas claras para atacar las amenazas recurrentes a la libertad de expresión. No podemos conformarnos con manifestaciones de condolencias a los familiares de la víctima, como lo hizo Ricardo Anaya, como si se tratara de un accidente personal y no de un problema estructural de nuestras instituciones de impartición de justicia y de garantías de nuestras libertades básicas.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.