¿Ciudadanos alertadores?
ESCRIBE LA BÚSQUEDA Y PRESIONA ENTER

¿Ciudadanos alertadores?

COMPARTIR

···

¿Ciudadanos alertadores?

06/08/2018

La futura secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, ha formulado cinco proyectos estratégicos para combatir la corrupción y la impunidad: 1) poner al servicio del combate a la corrupción las nuevas tecnologías de la información, 2) desarticular los conflictos de interés, 3) impulsar la verdadera profesionalización del servicio público, 4) promulgar una ley para auspiciar y proteger a “ciudadanos alertadores” y 5) cambiar el esquema de compras y contratos gubernamentales. Sin duda, los cinco puntos son más que pertinentes y en este espacio quiero referirme al punto 4.

Una propuesta recurrente para combatir la corrupción, que han planteado tanto organismos y foros internacionales, como organizaciones de la sociedad civil mexicanas, es la creación de mecanismos para proteger a quienes denuncian irregularidades en el manejo de recursos públicos, incluidas las asignaciones de contratos gubernamentales.

Con mucha frecuencia, quienes son testigos de algún acto de peculado, de soborno, o cohecho, etc., no se atreven a denunciarlo ante las autoridades competentes por temor a ser objeto de represalias por parte de sus superiores jerárquicos y tampoco lo hacen porque piensan que es inútil y que no prosperará la denuncia, porque existen redes de complicidades y fuertes deficiencias en los procedimientos de investigación. De ahí la necesidad de que se emitan normas y se diseñen procesos adecuados para proteger a quienes dan la alerta y asegurar que se otorga atención adecuada a la misma para que se emitan sanciones ejemplares para inhibir futuros actos de corrupción y para diseñar correctivos de las deficiencias institucionales que los cobijan.

Desde la Cumbre Global Anticorrupción, que se realizó en Londres en mayo de 2016, hasta instituciones como Transparencia Internacional han planteado la necesidad de idear fórmulas para facilitar que servidores públicos se sientan seguros al denunciar actos de corrupción, es decir, que lo hagan sin miedo a ser castigados, o a perder su empleo y hay experiencias exitosas al respecto. El famoso caso de sobornos a altos funcionarios gubernamentales de varios países latinoamericanos por parte de la gran constructora brasileña Odebrecht empezó a ser investigado a raíz de la filtración que hizo una exempleada de la empresa que entregó copias de documentos al departamento de sobornos de la justicia brasileña y a partir de ahí se fue tejiendo la trama de corrupción que, sabemos, involucró también a Pemex por al menos 10 millones de dólares.

Quiero detenerme en la manera como está fraseado el mecanismo de denuncia en la propuesta de la doctora Sandoval. Ella habla de alentar la creación de “ciudadanos alertadores” que es su traducción de lo que en inglés se conoce como whistleblowers, en el entendido de que la participación de la sociedad es clave en la concepción que el próximo gobierno tiene del combate a la corrupción. El problema con esta definición es que sugiere convertir a los ciudadanos en vigilantes y denunciantes, a imagen y semejanza de lo que fueron los comités de defensa revolucionarios del régimen estalinista, o del cubano, que llevaban implícita la idea de que cada persona se convirtiera en censor de las conductas de los demás para asegurar que no se apartaran de las normas establecidas. Esta concepción tiene una connotación persecutoria, violatoria de la vida privada, por lo que vale la pena que se aclare que de lo que se trata es de generar condiciones institucionales adecuadas para que quienes identifiquen actos de corrupción de funcionarios que utilizan sus cargos directivos para beneficiarse patrimonialistamente, se animen a darlos a conocer.

Organizaciones de la sociedad civil como Transparencia Mexicana y México Evalúa han insistido en la necesidad de diseñar un mecanismo efectivo para proteger, e incluso recompensar a quien denuncie posibles actos de corrupción, que es una medida que han venido respaldando expertos en el diseño de políticas públicas a favor de la integridad de la gestión gubernamental. Ello requiere de una legislación que contemple con precisión cómo se va a desarrollar el mencionado mecanismo, a fin de que no sirva para promover denuncias frívolas, sin sustento, es decir, para que no sea una simulación. La cultura ciudadana que sí hay que fomentar es la de sujetos activos y conscientes de sus derechos y obligaciones, más que de alertadores, o denunciantes.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.