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En principio, es un avance que el 18 de enero pasado la PGR haya finalmente solicitado la extradición del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por desvíos de recursos gubernamentales (peculado agravado por cerca de mil millones de pesos) y también por delitos electorales. Aunque el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, sostenga que la demanda de repatriación no es para calmar los ánimos, hay que calificar el hecho como un triunfo de Javier Corral.
Como sabemos, el actual gobernador panista de Chihuahua ha venido exigiendo, desde que asumió el cargo, que se detenga y extradite a su antecesor por desfalcar al estado, así como que se le incauten las propiedades que adquirió mediante prestanombres en Texas y Nuevo México, donde se presume que está escondido. Además, hace dos semanas Corral decidió elevar su exigencia al gobierno federal, al denunciar públicamente que le han retenido recursos convenidos con su administración como represalia por su determinación de impulsar investigaciones penales por actos de corrupción de Duarte. Para seguir presionando, el sábado pasado Corral arrancó una marcha por la dignidad de Chihuahua, que llegará a la Ciudad de México el 4 de febrero.
Sí, es un logro que se active el gobierno federal para enjuiciar a César Duarte, sin embargo, varias preguntas se antojan pertinentes para aquilatar si la solicitud de la PGR, más que una acción decidida para perseguir los delitos y hacer justicia, es una simulación. Varios se han preguntado cómo puede prosperar la extradición sin que el imputado esté ya atrapado, pues, de lo contrario, la petición de repatriación a un gobierno extranjero serviría más bien para alertar a Duarte para que escape a la acción penal y así retrasar aún más que se presente ante las autoridades jurisdiccionales mexicanas. Alberto Elías Beltrán, subprocurador encargado de la oficina de PGR, no detalló a qué gobierno extranjero se orientó la demanda de extradición, aduciendo el derecho del acusado a la presunción de inocencia.
De otra parte, aunque existen 11 órdenes de aprehensión en contra de César Duarte, Elías Beltrán afirmó que la solicitud sólo se presenta respecto de tres causas penales: dos locales presentadas por la Fiscalía General de Chihuahua, y una federal realizada por la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos Electorales (FEPADE). La acción judicial de carácter federal proviene de las indagatorias que realizó la FEPADE, cuando su titular era el hoy destituido Santiago Nieto, y se refiere a la desviación de recursos gubernamentales hacia la campaña electoral del PRI, en 2015, por un monto de 14 millones de pesos. A pesar de que Nieto enfrentó resistencias para que un juez de control concediera la orden de aprehensión, finalmente lo logró con un segundo juez, en junio de 2017; es decir, hace ya más de medio año.
A pesar del tiempo que ha transcurrido, la PGR sostiene que las investigaciones sobre las ocho acciones penales restantes están ya en proceso, empero, es indispensable que las solicitudes de extradición presenten la lista completa de delitos que se imputan, ya que sólo por ellos el acusado podrá ser específicamente enjuiciado en nuestro país. Es decir, el gobierno mexicano no podría agregar nuevos delitos una vez que Duarte esté frente a las autoridades mexicanas.
Otra limitante más se desprende del hecho de que ninguno de los delitos electorales es grave, ni siquiera los que surgen de actos de corrupción. De hecho, esa es una de las fallas de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, porque si bien señala que por desviación de recursos públicos a las campañas se impondrán, además de multas, entre dos y nueve años de cárcel (art. 11-III), independientemente de los montos involucrados, el acusado tendrá derecho a interponer una fianza.
Es de celebrar el anuncio de la PGR, de que va tras César Duarte, pero es tardío y reactivo. Por ello, si el gobierno federal desea convencer a una sociedad muy desconfiada de que sí está decidido a abanderar la causa de la anticorrupción, aun cuando sea para inyectarle credibilidad a la campaña de su candidato presidencial, es necesario que haya resultados pronto de esta demanda de extradición.
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