Durante muchos años, los mexicanos nos quejamos por la falta de voluntad política de los gobiernos para enfrentar los grandes problemas que nos aquejan, la corrupción de manera muy señalada. Hemos sido capaces de construir buenas leyes e instituciones, incluso internacionalmente reconocidas, pero faltaba que nuestras autoridades tuvieran la determinación de enfrentarse a intereses arraigados de todo tipo, legales e ilegales. Hoy, es evidente la voluntad política del gobierno federal para atajar frontalmente el robo de combustible que deja una merma de cerca de 60 mil millones de pesos al erario, pero las consecuencias generadas por la manera como se tomó y se implementó la decisión nos dejan varias lecciones. Abordaré tres de ellas:
1) La enorme complejidad de la corrupción. La corrupción es mucho más que un mero acto cometido por malas personas sin valores ni escrúpulos que lucran con el dinero público. Como se ha insistido hasta el cansancio, la corrupción es un entramado complejo de complicidades entre diversos actores, tanto públicos como privados, que se han apoderado de los recursos públicos, capturando a nuestras instituciones. Hemos aprendido que en el delito del huachicoleo están involucrados desde el crimen organizado, funcionarios y trabajadores sindicalizados de Pemex, hasta empresarios gasolineros, autoridades locales, e individuos que han conformado una red delincuencial que ha crecido al amparo de la impunidad. Por la merma financiera que ha infringido sobre Pemex, el saqueo de combustible hace palidecer al caso de corrupción internacional de Odebrecht, que tanto nos ha agraviado y que sigue sin resolverse en México.
2) La insuficiencia de la determinación presidencial. El fenómeno es tan grave y tiene tantos tentáculos que no puede depender de la sola decisión del presidente de la República, por más que AMLO cuente con un importante capital político. Podemos aceptar que se requería una medida drástica y contundente que, incluso, sorprendiera a todos, pero fue unilateral y no se midieron las consecuencias inmediatas que tendría sobre los consumidores y ahora enfrenta costos sociales nada despreciables. Aunque encuestas publicadas recientemente hablan de que la mayoría de la población aprueba la medida en aras de que se controle el saqueo a las arcas públicas, de continuar el desabasto de gasolina, el problema amenaza con extenderse a otras áreas de la economía y provocar descontento incluso entre quienes la aplauden.
Como bien ha señalado Joaquín Villalobos, el famoso exguerrillero salvadoreño y actual consultor internacional en seguridad y resolución de conflictos, "el combate a la corrupción no es un asunto de figuras redentoras o justicieras… para que prospere es indispensable edificar acuerdos políticos nacionales"; es decir, se requiere un gran pacto anticorrupción que involucre a todas las fuerzas y actores de los ámbitos públicos y privados.
3) Cambiar el discurso frente a los responsables. Es indispensable que el gobierno, y en particular el presidente López Obrador, cambie su discurso en dos sentidos: a) respecto de la necesidad de procesar y castigar a quienes han sido responsables de esta y otras redes de corrupción, sean funcionarios, líderes sindicales o privados, para dejar claro su compromiso en contra de la impunidad; y b) respecto de la polarización que genera su concepción de la sociedad mexicana actual, dividida entre los que apoyan la 4T y quienes están en contra. La tensión que ha provocado esta visión maniquea de nuestra sociedad en una coyuntura crítica como la que vivimos, ha permitido que proliferen noticias falsas que aprovechan la situación de incertidumbre y ahondan el enfrentamiento existente.
Resulta encomiable el estoicismo con que buena parte de la sociedad mexicana ha tomado el desabasto de la gasolina, pero de no encontrarse una salida pronta al problema, la paciencia social puede agotarse y tornarse en focos de conflicto social.
Valdría la pena que AMLO le tomara la palabra, por ejemplo, a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, para empezar a edificar una gran alianza en contra de la corrupción.