Inclusión financiera y digital: La deuda social de México
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Inclusión financiera y digital: La deuda social de México

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Inclusión financiera y digital: La deuda social de México

02/10/2018

Dos grandes reformas tuvieron lugar durante el sexenio que se acaba: una reforma financiera con modificación de 43 leyes y una Reforma en Telecomunicaciones con fuertes inversiones públicas. Ambas reformas tuvieron como objetivo dinamizar los mercados para atraer inversión privada (mayoría trasnacional) en los campos bancario y de prestación de servicios de telefonía e internet. El resultado en materia de inclusión financiera y de inclusión digital fue la amplia y profunda exclusión en la base de la pirámide. Se trata de fallas de mercado que requieren intervención del Estado para resolverse. Hablamos de una deuda social pendiente del Estado con la población más vulnerable.

Según la ENIF 2017, sólo 42% de mujeres (16.8 millones) y 46% de hombres (16.7 millones) de los 90.2 millones de mexicanos adultos tienen acceso a una cuenta de ahorros. Para participar en los modernos sistemas de pagos electrónicos que posibilita la Ley FINTECH lo que se necesita es una cuenta de ahorros. Por lo tanto, el dato relevante de bancarización y sus posibilidades, es el acceso permanente a cuentas de ahorro.

Cada año, los 11 millones de migrantes de los EEUU envían a sus familias en comunidades de origen cerca de cien millones de transferencias de dinero por un monto global que en 2018 será cercano a los 600 mil millones de pesos (30 mil millones de dólares). Este volumen de dinero es 5.3 veces más por remesas que por los apoyos sociales gubernamentales (Prospera, adultos mayores, becas, proagro). Se sabe que la mayor parte de remesas se pagan por remesadoras, tiendas departamentales y ordenes de pago en banca mútiple y sólo 5% pasan por el sistema financiero (bancos o sector ahorro y crédito popular). De lo que se puede inferir que los 30.6 millones de personas que reciben remesas no están bancarizados. La mayoría de comunidades de origen están ubicadas en zonas de alta y muy alta marginación donde es poco probable que existan sucursales bancarias. El objetivo planteado por el Presidente Electo de contribuir al desarrollo de comunidades de origen para frenar la migración será muy difícil sin acceso a servicios financieros.

Para rescatar y dinamizar productivamente el campo con 3.7 millones de productores el reto es aún mayor. De ellos, 25% son indígenas, 19% son campesinos sin estudios y 58% sólo cursó la primaria. El 68% poseen predios menores a 10 hectáreas y sólo 15.1% son mujeres y 84.9% son hombres. Actualmente, sólo 10.4% de los productores tienen acceso al crédito. Los que tienen acceso son en su mayoría productores comerciales medianos y grandes, de zonas desarrolladas, el gran déficit son los ejidatarios y comuneros con menos de 5 hectáreas que representan 57% de los productores.(Censo Agrícola 2007, ENA 2016, ENIG 2015) y cuyos ingresos son menores a 65 mil pesos anuales.

En el campo se concentra la pobreza, 2.5 millones de jornaleros, 13 millones de indígenas y la mayor desigualdad en ingresos: 58% de los hogares rurales detentan el 27% del ingreso rural, mientras que los últimos 2 deciles (ingresos anuales promedio superiores a 12,654 dólares) representan el 5.3% de los hogares y estos detentan el 25% del ingreso rural.

En materia de transferencias sociales cada año 15 millones de mexicanos de bajos recursos reciben 90.9 millones de transferencias gubernamentales de los programas Prospera, Adultos mayores, becas, Proagro (antes Procampo) por la cantidad de 113 mil millones de pesos. La inmensa mayoría de estos mexicanos son pobres y habitan en alguna de las 200 mil localidades con menos de 2,500 habitantes donde no hay sucursales bancarias ni acceso al internet.

Los datos arriba descritos hablan de un fenómeno financiero de grandes proporciones en que participan los pobres de México, pero sin inclusión financiera.

A este fenómeno de exclusión financiera masiva se une otro, el de la exclusión digital. La Red Compartida dejará fuera de cobertura a 28 millones de mexicanos para el 2024 en caso de que logre el 100% de sus metas originales que es alcanzar 92.2% de los mexicanos según censo del 2010 que eran 112.3 millones. Sólo que par el 2024, seremos 131.5 millones.

Tanto la inclusión financiera como la inclusión digital serán inviables por fallas de mercado. Esos fenómenos que el mercado no puede resolver. Un fallo o falla de mercado es una situación que se produce cuando el mercado no es capaz de asignar los recursos de forma eficiente. Se configura así una gran deuda social que el mercado no pagará, es el Estado quien debe intervenir para garantizar que la desigualdad no crezca más por efecto de las exclusiones financiera y digital.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.