Inclusión financiera e inclusión digital: ¿Por qué las zonas rurales quedan fuera?
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Inclusión financiera e inclusión digital: ¿Por qué las zonas rurales quedan fuera?

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Inclusión financiera e inclusión digital: ¿Por qué las zonas rurales quedan fuera?

12/06/2018

Las reformas en telecomunicaciones y financiera tienen algo el común: excluyen del acceso a zonas rurales remotas y marginadas, ahí donde se concentra la biodiversidad, los recursos naturales y la pobreza.

Efectivamente, en telecomunicaciones la mayor competencia en el país ha reducido costos de telefonía celular y de internet, y la cobertura se ha ampliado, pero sigue siendo nula en zonas rurales remotas, en zonas campesinas e indígenas que concentran la pobreza rural. Igualmente, la reforma financiera (que incluyó 34 leyes) está siendo positiva para la evolución de empresas financieras que otorgan todo tipo de servicios financieros en el país; más reciente, la Ley Fintech, aprobada este año amplía el horizonte para dinamizar el sector financiero y abrir un nuevo campo de acceso basado en el uso de tecnologías. Pero ni una ni otra, benefician al sector rural pobre de nuestro país, porque sin inclusión digital, la inclusión financiera es casi imposible.

El tema central es que la orientación de las reformas abren el espacio a la presencia empresarial con orientación comercial y son reguladas bajo criterios de máxima competencia, con requerimientos complejos y costosos que en sí mismos inhiben la presencia de nuevos actores o de actores pequeños. La presencia de actores o iniciativas sociales, sea del estado o de actores privados sociales (comunidades, asociaciones civiles) está muy acotado a las reglas dominantes de mercado. Así por ejemplo, la Reforma de Telecomunicaciones admitió la presencia de radios comunitarias, pero le corto las posibilidades de ser empresas sociales sostenibles, al impedir que inserten servicios pagados en su programación y limitar su espectro radioeléctrico.

La brecha digital se agiganta. En 15 años los hogares de México pasaron de 11.8 a 45.4 por ciento los hogares que poseen una computadora (384 por ciento más), de 6.2 por ciento a 50.9 por ciento los que tienen acceso a internet (820 por ciento más) y de 40.3 a 91.9 por ciento los hogares acceso a telefonía (fija y celular). Hoy existen 112.8 millones de celulares, 75 por ciento de ellos son teléfonos inteligentes (Inegi-ENDUTIH). Pero el panorama no es equitativo, en todos los casos, poseer una computadora, acceso a internet y acceso a telefonía, las zonas rurales tienen menos de la mitad comparado con zonas urbanas. Los motivos más frecuentes son costos que no pueden pagar o ausencia del servicio.

La reforma financiera también tiene un enfoque de mercado para generar empresas y servicios sostenibles y confiables; la regulación especializada es compleja y costosa, más aún con los requerimientos de prevención al lavado de dinero (impactan 25 por ciento del costo operativo), pero su funcionamiento ha favorecido la emergencia de grandes organizaciones y limitado las iniciativas sociales de zonas rurales marginadas. Esto explica que las sociedades de ahorro y crédito popular operan mayoritariamente en zonas urbanas y suburbanas; y que los índices de exclusión financiera se concentran en zonas rurales marginadas. Es decir, la “solución de mercado” no ha sido viable para atender las zonas de mayor pobreza.

La exclusión financiera en México se concentra en municipios rurales con menos de cinco mil habitantes y municipios en transición (de 5 mil 001 hasta 15 mil habitantes) en donde tienen inclusión financiera sólo 6 por ciento y 36 por ciento de la población respectivamente. Atendidos mayoritariamente por cooperativas y Sofincos y en mucho menor medida por Sofipos, banca de desarrollo y banca comercial (CNBV 2016). Mientras que en acceso al crédito el 40 por ciento de la población de menores recursos tiene sólo 6.5 por ciento acceso al crédito formal (Global Findex 2014, BM) .

Hacer un negocio rentable, sostenible y confiable sea de comunicaciones, sea de banca popular en zonas remotas, dispersas, atomizadas, con bajos montos de compra, de venta y baja capacidad de pago es un proceso largo y enfrenta dificultades financieras, de capacidades y de tecnologías. La “solución de mercado” con reglas prudenciales iguales, termina subrayando las asimetrías entre actores, contextos y regiones; condenando más al abismo de desigualdad a los más pobres.

Termina excluyendo a los más pobres.

Diversas experiencias muestran soluciones viables de tipo asociaciones público-privadas, donde el mercado llegará más lento o de plano no llegará nunca. Son los casos de la experiencia de Santiago Nuyoo en la Mixteca de Oaxaca (Modelo de Apropiamiento Pago Móvil, 2011); de la empresa comunitaria de Talea de Castro en la Sierra Norte de Oaxaca (2014-2018), las Radios comunitarias de múltiples lugares, y los microbancos rurales (Chiapas, Oaxaca, Puebla, Hidalgo) impulsados por AMUCSS.

Para analizar y discutir nuevas relaciones el rol al Estado-Soporte, al estado solidario y su vinculación con iniciativas privadas de tipo social, pero también sobre regulaciones adaptadas a los contextos desiguales existentes en nuestro país.

Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.