La PGR, en seguimiento a una querella de la Comisión Federal de Electricidad ha iniciado una investigación penal contra dirigentes comunitarios que representan el Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC), en Puebla, porque estos han ejercido su derecho a oponerse de manera legal y pacífica a obras que afectan a las comunidades y al medio ambiente del municipio y la región; en particular, el Proyecto Línea de Alta Tensión Cuetzalan Entronque Teziutlán II - Papantla Potencia y Subestación Eléctrica Cuetzalan Banco 1 (Proyecto LAT).
La Organización de comunidades de la Sierra Nororiental comenzó en 2009 y logró construir con participación comunitaria un Plan de Ordenamiento Territorial Integral, aprobado con todas las formas de la ley, y que rige desde el año 2010. Los dirigentes acusados penalmente por la PGR en realidad son representantes elegidos por las comunidades y son ahora perseguidos e intimidados para que dejen de apoyar. PGR ya no persigue delincuentes, sino comunidades organizadas.
En sus argumentos el Plan de Ordenamiento construido mediante un amplio proceso de consulta por las comunidades nahuas y totonacas de la región, se opone a esos proyectos porque: El Proyecto LAT despojaría de vegetación natural a una importante área de recarga de manantiales protegidos y conservados; modificaría una vasta área de cafetales cultivados y otros productos, que son el sustento de numerosas familias, además de que, gracias al trabajo campesino indígena, son hábitat de especies únicas, como la abeja melipona, cuyo cultivo también proporciona ingresos económicos y representa una riqueza ambiental y cultural invaluable; la deforestación provocaría la desestabilización de laderas, lo que trae consigo el riesgo de desastres por deslizamientos, como ya se ha visto en 1999 y 2005.
Las reformas estructurales han sido el reparto del país para atraer al capital monopólico y oligopólico. En medio del reparto, silenciosamente, con los territorios se han vendido los recursos naturales, la biodiversidad, las culturas milenarias y el patrimonio inmaterial de la humanidad (semillas, animales, agriculturas, gastronomía), todos sacrificados y puestos al servicio del capital.
Palabras y discursos en las campañas electorales quieren convencer a los mexicanos que "lo hacen por México", que ahora si, la corrupción será erradicada y lograremos el futuro que los mexicanos merecemos. Pero nadie nos explica porque en su momento no votaron en contra del mayor despojo que ha sufrido México con las llamadas "reformas estructurales", porqué no protegieron y dieron herramientas legales a las comunidades para la defensa de su territorio. Ni siquiera el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo ha sido reglamentado, a pesar que la Suprema Corte de la Nación equiparó ese y otros acuerdos internacionales a rango constitucional.
A la luz de los numerosos conflictos comunitarios, esta muy claro porque no existe Ley Reglamentaria de la Consulta a que tienen derecho comunidades indígenas según en Acuerdo 169 de la OIT: porque sin ley reglamentaria, los derechos no se pueden hacer efectivos. El acuerdo reconoce a los pueblos el Derecho a ser consultados cuando un proyecto o un programa les afecta en sus territorios o en sus medios de vida.
Las masivas concesiones mineras del Gobierno de Calderón y la prioridad que se da en la reforma energética de EPN a los proyectos de energía (petróleo, presas, eólicas, fracking) sobre cualquier otro uso, incluida la producción de alimentos, son el origen de los múltiples conflictos que hoy libran las comunidades indígenas contra el despojo de sus territorios.
Estas luchas se han multiplicado a lo largo del país, en Chiapas contra el despojo del agua por parte de la Coca Cola; contra la mina a cielo abierto en Chicomuselo; en Cuetzalan contra los proyectos de electricidad de la CFE; en Baja California y Juchitán contra las empresas eólicas; en Guerrero contra la presa en la Parota, en Aquila Michoacán contra las compañías mineras, los Wixaricas contra mineras por la defensa de su territorio sagrado, entre innumerables luchas actuales.
Muy frecuentemente estos conflictos están combinados con la intervención de "dados cargados" de autoridades gubernamentales, la embajada de Canadá en el caso de Chiapas, los funcionarios públicos de CDI, de Semarnat, de la Secretaría de Energía de la CFE. No son conflictos donde las comunidades enfrentan a Empresas Privadas con el Estado, a un lado, como árbitro neutral y con leyes que regulan el uso de territorios ancestrales y los diferendos de partes.
Todo lo contrario, la mayoría de las veces, la lucha se complica porque son los mismos funcionarios públicos quienes gestionan la aceptación, por la buena o por la mala de los megaproyectos, otorgan permisos ambientales sin hacer estudios de impacto, manipulan y sobornan a autoridades locales para lograr la aceptación; incluso eliminan subsidios de programas a comunidades rebeldes, como mecanismo de presión. El nivel de cinismo es tan amplio que la corrupción permea todos los niveles de la acción pública. Sin contar además con la creciente violencia del crimen organizado y su alianza con empresas trasnacionales.
En este contexto de impunidad, abuso y acción depredadora de empresas privadas en territorios indígenas cabe preguntar a los Presidenciables, a los miles de candidatos a cargos de elección popular: ¿Que posición tendrán frente al despojo masivo actual?, ¿ofrecerán herramientas legales para regular los diferendos?, ¿se establecerá el Ombudsman Social para la defensa de los territorios de las comunidades, como lo propusieron organizaciones rurales? O apoyarán a las mineras para el la extracción de minerales, sin regular derechos laborales, fiscales y derechos territoriales?