Opinión

Iris Vianey: licencia, fuero y Estado de derecho

Carlos Javier González

El caso de la senadora Iris Vianey Mendoza, quien fuera señalada como parte o por lo menos, como vinculada con los llamados “Caballeros Templarios” por parte del doctor Mireles debe ser investigado y tomado en consideración en su justa dimensión. Llama la atención que en un país que desea encaminarse hacia un “Estado de derecho” como condición fundamental e imperativa para el desarrollo, existan condenas o por lo menos ecos de sospechas sobre una senadora de la república cuando no hay averiguación alguna que pueda apoyar la imputación hecha por el líder de las autodefensas. El caso de Michoacán en su conjunto está imbuido de una serie de irregularidades jurídicas que -al parecer- han decidido obviar gobierno y sociedad, para alcanzar una solución rápida y permanente a una de las más graves problemáticas de seguridad pública y de seguridad nacional a que se ha enfrentado el Estado mexicano en los últimos tiempos. Existe un consenso entre estudiosos del derecho sobre la irregular actuación de las llamadas “autodefensas” al llevar a cabo funciones de seguridad pública que están destinadas al gobierno en sus tres niveles según lo dispone el artículo 21 constitucional.

Además, su regularización adolece de una falla elemental al llevarse a cabo sin una previa amnistía en el ámbito local y federal para los que formaron parte de ellas. Ahora surge una corriente de linchamiento político en que funcionarios de un lado y otro de la ecuación, aprovechan una situación tan grave como la que vive el estado de Michoacán para tratar de exhibir a tirios y troyanos implicándolos en supuesta colusión con los templarios.

Así se han mencionado nombres de secretarios de gabinete local en el gobierno del estado, de líderes parlamentarios y gracias a una evidente manipulación de la nota en que se ve al comisionado federal para Chiapas en una conversación con un reo que ha cumplido su condena -según se informa- para procurar ponerle en evidencia y golpear la estrategia del gobierno de la república, única que hasta ahora -habrá que ver- parece tener resultados. Y el caso de la senadora Mendoza es emblemático, porque se evidencia la falta de seriedad política de todos aquellos que han utilizado su caso como ejemplo de ética o de complicidad con el crimen. Llama la atención que sea parte de la propia clase política la que exalte una solicitud de licencia por un periodo de 30 días a sabiendas que para efectos de un proceso penal, no tiene ningún impacto en la calidad de la senadora, quien mantiene el fuero que le otorga el artículo 111 constitucional por lo que para proceder penalmente en su contra, se requiere de un proceso de “desafuero” como es conocido coloquialmente y cuya conveniencia ha sido tantas veces discutida y mayoritariamente desaprobada por la sociedad.
La senadora sabe que por una desafortunadísima decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del año de 1946, una licencia no implica pérdida de fuero y por ello, su solicitud tiene más tintes mediáticos que legales.

Y aún así, ella tiene derecho a que se respete su presunción de inocencia que consagra el artículo 20 inciso B de la carta fundamental, cuya violación reiterada ha ocasionado tantas injusticias en nuestro país. Es en este contexto que la clase política mexicana por vergonzosa ignorancia jurídica o por soberbia infalible, realizan actos de simulación y de condena en que violentan gravemente el orden jurídico constitucional. Deben dejar que la justicia siga su marcha y se llegue a conclusiones apegadas a derecho y no ser parte de un tiovivo que degrada al aparato de justicia mexicano, cuya honorabilidad debe ser fundamental en un momento de transformaciones como el que vive el país.