Opinión

Investigación y desarrollo, secuestrados

 
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Cinvestav. (http://www.cinvestav.mx/es-mx/investigacion.aspx)

Según el Ranking Web on Research Centers (research.webometrics.info/en/Latin_America), uno de los más serios sobre instituciones de investigación, el primer centro de México es el Cinvestav del IPN que es el número siete en América Latina y el número 165 en el mundo. Los siguientes dos mexicanos son el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo y el CIDE, que ocupan los lugares 15 y 17 en la región. Es decir, según este ranking no tenemos mucho de que estar orgullosos, y más bien refleja lo precario de la investigación en México.

Uno de los compromisos más relevantes de la actual administración era llegar al 1.0 por ciento del PIB de inversión en investigación y desarrollo.

En el PEF de 2014, el Conacyt recibió cinco mil 973.8 millones de pesos (mdp) para los Centros Públicos de Investigación (CPI), lo que representó un aumento de 12.7 por ciento en términos reales con respecto a 2013. En 2015 el presupuesto asignado a los CPI fue de seis mil 566.6 mdp, con otro incremento real de 6.0 por ciento. Y en el ejercicio fiscal 2016, antes de los recortes, los CPI tenían una asignación de seis mil 653.7 mdp, es decir, ya no hubo incremento. En 2017 esta cifra seguramente sufrirá un recorte. En otras palabras, no llegaremos a la meta de 1.0 por ciento del PIB para 2018, salvo si se define una política pública distinta.

Para incrementar el presupuesto en I&D, que impulse la innovación en México, hay que innovar también en el esquema fiscal que se requiere.

Urge promover una política de vinculación entre planta productiva y centros de investigación, en particular los de las universidades. Entiendo que no son tiempos para cambios fiscales –ni más impuestos, ni más incentivos–. Es decir, la delicada situación de las finanzas públicas tiene también secuestrada cualquier política para incentivar la inversión de más recursos privados en investigación y ciencia.

Sin embargo el país no debe y no puede esperar hasta 2019 para definir una política más audaz y eficaz que logre llevar el 1.0 por ciento del PIB a I&D. La productividad, la competitividad y los empleos del futuro están atados al desarrollo de la tecnología. ¿Qué hacer para que I&D pueda ser la excepción en la Ley de Ingresos 2017?

Twitter: @julio_madrazo

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