Opinión

¿Internet y censura?

Existe una controversia en torno al uso que podrá darse a las redes sociales como producto de las incorporaciones “cesuradoras” que –según el criterio de algunos- se pretenden incorporar en la legislación secundaría en la materia, lo que ya le ha valido al gobierno de Enrique Peña Nieto un gran número de calificativos y condenas de parte de muchos sectores sociales. Tal parece que la movilización social logrará que se hagan ciertos matices a los planteamientos originales que han causado tanta incomodidad entre la ciudadanía, lo que de suyo ya sería un logro de una sociedad actuante y dispuesta a la defensa de sus intereses.

Parece un contrasentido que, posteriormente a la incorporación del acceso a Internet y a la ampliación de la libertad de expresión
que consagra el artículo sexto de la constitución hace menos de un año, se pretenda en una ley secundaria llevar a cabo un control de dichos derechos humanos. Es dicho precepto que algunos consideran que se están violando con las disposiciones que la iniciativa de ley secundaria pretende reglamentar y, sin embargo, la realidad es que la explicación de la intervención de las comunicaciones es algo que se da –a veces de manera abierta, a veces de manera velada- en todos los países del mundo. El razonamiento que existe es que es indispensable tener acceso a los contenidos de lo que el ciudadano común y corriente realice en internet y redes sociales por razones de seguridad pública, tales como la prevención de delitos como la pederastia, la trata de personas, el tráfico de drogas, secuestro y otros que pueden pegar a la seguridad nacional, tales como crimen organizado y terrorismo.

Desconozco si existe algún estudio que revele las inquietudes sociales en materia de seguridad pública y seguridad nacional, pero es de sentido común concluir que casi todos los ciudadanos deseamos vivir en paz, sin violencia y también en absoluta libertad y con pleno respeto a nuestros derechos ciudadanos, entre ellos, la privacidad de nuestras comunicaciones y nuestra absoluta libertad de expresión en cualquier medio, como lo garantiza el artículo sexto constitucional. ¿Entonces cuál es la inquietud o molestia social por la posible intervención del estado en las comunicaciones privadas, si la necesidad de seguridad es la principal inquietud que la ciudadanía expresa de manera consistente en todas las mediciones que se realizan? La respuesta parece ser obvia: La gente parece tener claro que en materia de seguridad a veces se deben realizar ciertos sacrificios para alcanzar un bien mayor, pero lo que ocasiona esta incomodidad es que no se tiene confianza en las autoridades que la propia legislación secundaria habilitaría para la intervención y análisis de las comunicaciones.

El verdadero problema es el mismo que ha ocurrido siempre y es que la ciudadanía no confía en la autoridad que aplica los preceptos legales. Y la verdad, es que tienen razón. ¿Cómo puede tenerse confianza en una autoridad que de manera crónica ha sido tentada por la corrupción, el cochupo, la simulación, la transa, la prepotencia, la impunidad y el privilegio? No es un asunto de colores partidistas, porque en todos lados se cuecen habas, y la lista de nombres de funcionarios vinculados a escándalos que no recibieron sanción y que fueron “perdonados” es larga en todos los partidos políticos.

Habrá que esperar el resultado de la presión social que se ejerce para que se dé marcha atrás en los propósitos del legislativo para acotar o matizar dichas libertades ciudadanas, en lo que soy bastante pesimista. En este contexto, los ciudadanos que se consideren afectados siempre podrán recurrir al juicio de garantías o de amparo para exigir el pleno respeto a sus derechos humanos constitucionales, lo que podrá poner un freno –en los hechos- a cualquier tentación autoritaria de censura y control de la libertad de expresión. Sin duda alguna, de nueva cuenta el Poder Judicial Federal tendrá que actuar para garantizar nuestras libertades.

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