Opinión

Intereses

Como era de esperarse, la segunda parte de las reformas, su traducción en leyes, está resultando mucho más complicada que la primera, la constitucional. Y no hay que olvidar que esa primera etapa se pospuso por tres lustros, porque no había forma de que las fuerzas políticas coincidieran siquiera en mínimos.

Ahora, cuando esos mínimos deben convertirse en detalles concretos, las diferencias se amplían, sobre todo porque cada uno de esos detalles implicará traslación de poder. La reforma educativa busca reducir el poder del sindicato y trasladarlo al Estado, especialmente al gobierno federal; la energética traslada el poder de los monopolios del Estado al mercado; la de telecomunicaciones, de las empresas dominantes al Estado y al mercado. Y, claro, ninguno de los que pierden poder está a favor de estos cambios, e intentarán por todos los medios evitarlos, o al menos atenuarlos.

En la lucha, cada uno tiene intereses diferentes. El gobierno federal busca regresarle al Estado la mayor cantidad de poder posible, quitándolo a los grupos que lo capturaron al caer el viejo régimen: sindicatos, empresas, gobernadores.

Los partidos de oposición quieren lo mismo, pero también quieren cosechar lo más posible a costo del gobierno actual, rumbo a las elecciones de 2015, que además implican cambio de reglas, aún en proceso. Cada uno de los grupos amenazados quiere reducir su pérdida, a costa de sus colegas: la CNTE contra el SNTE, Azcárraga contra Slim, Pemex y CFE contra todos.

A muchos les sorprende que ninguno de los involucrados tenga como primer interés a México, al interés nacional, al bienestar de los ciudadanos, o cosas similares. La razón es muy sencilla: esas cosas no existen, salvo en nuestra imaginación: son entelequias. Cada vez que alguien habla de lo que México quiere, supone que sus preferencias son compartidas por el resto de los cerca de 120 millones de mexicanos.

No es así. Sabemos desde hace mucho que el interés nacional o el bienestar de los ciudadanos no existen, y por eso sabemos que el sistema político menos malo es la democracia representativa. Y este sistema no sirve para evitar conflictos, sino para procesarlos de forma pacífica y razonable. Bueno, pues eso es lo que estamos viendo en el tema de las reformas.

Algunos políticos, empresarios, opinadores y líderes astutos han hecho carrera afirmando que trabajan por el interés nacional, el bienestar general, el país. Reitero, eso no existe. Así, en cada discusión se entremezclan opiniones, juicios de valor, y selección de datos para defender una posición, que puede ser legítima o no dependiendo de lo que consideremos aceptable. Por ejemplo, muchos ven inaceptable defender una posición a cambio de dinero, pero no a cambio de votos. Hace 200 años hubiese sido más bien al revés.

La complejidad técnica de las leyes que se discuten, por su propio objeto tanto como por cuestiones jurídicas, hace muy complicado que podamos saber quién manipula más y quién menos. Reaccionamos reforzando lo que ya pensábamos, y damos por buena la opinión del político/comentarista/líder en quien ya creíamos.

Así estamos.