Opinión

Interés electoral empuja
juicios políticos

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diputados

Hay un dato que en el ambiente legislativo comienza a hacer ruido y a llamar la atención e interés entre algunas bancadas parlamentarias: existen más de 300 expedientes con solicitudes de juicio político contra diversos personajes de la vida pública, los cuales no se han desahogado por diversas razones.

Lo preocupante del caso es que muchas de estas solicitudes datan de varias legislaturas atrás, demandas que no parecen menores, si el espíritu de las mismas tiene por objeto erradicar actos de corrupción, abusos de poder, y/o negligencias en el ejercicio del servicio público, pero es lamentable que este tipo de exigencias legislativas sólo aparezcan en tiempos electorales donde al parecer lo único que se busca es el impacto mediático y no una razón de justicia. Ese es el problema.

En medio de voces que piden juicio político contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, por supuestos desvíos de recursos, en la sede de la Cámara de Diputados hoy la noticia es que existen solicitudes en el mismo sentido desde la LIX Legislatura, las cuales durante todo este tiempo durmieron el sueño de los justos.

Pero como en tiempos políticos todo se vale, el dato adquiere relevancia y algunos diputados ya se aprestan para sacar estos “trapitos al sol” como estrategia de campaña con la idea de ganar votos, aunque después del proceso electoral tengan que pasar varias legislaturas más para que se acuerden del asunto, y lo harán cuando sus expectativas sean las mismas como las que ahora tienen en tierras veracruzanas, donde la imagen del senador con licencia, Héctor Yunes Landa, sigue creciendo en el ánimo de los veracruzanos, por eso el golpeteo de los adversarios contra el gobernador y por eso se desempolvan otros expedientes que puedan ser utilizados con los mismos fines en otras entidades.

Cómo andarán de bajas las tendencias electorales de algunos partidos políticos, que ya hasta el nombre del extitular de la PGR, Jesús Murillo, está en la mira de los francotiradores para denostar al PRI, y quienes incluyen dicho nombre en el paquete de solicitudes de juicio político lo hacen al puro estilo de los tiempos revolucionarios, donde al calor de las balas era muy común escuchar una frase: “mátalos, después veriguas”. Tiempo electoral, parece ser entonces el meollo del tema de los juicios políticos.

En fin, lo cierto es que ya inició el desafuero contra la llamada chapodiputada, Lucero Sánchez, y en ese caso el asunto golpea muy duro a las pretensiones políticas del panismo sinaloense y de su dirigencia nacional que al parecer tendrán que dar más de una explicación en este mar de situaciones en torno a uno de los delincuentes de mayor rango en el país El Chapo, porque eso sí nadie cree aquello de que “yo no sabía”. Pero aquí las preguntas que nos quedan son, ¿cuál otro juicio político sigue y contra quién?, ¿cuáles tendrán un uso político electoral y cuáles no?, o bien ¿en verdad en estos casos habrá justicia…?

Fortalece comunicación la SRE con diputados. Ahora tocó reunión de trabajo con legisladores del PRI y el PVEM, a la canciller Claudia Ruiz Massieu, quien se pronunció porque la Cámara de Diputados sea un aliado permanente de la política exterior y por mantener una relación de cercanía basada en el respeto, cooperación y coordinación, por ello establecieron el compromiso de tener una comunicación cotidiana con las integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores y aquellas relacionadas con los asuntos de política exterior.


Un tema que tiene prioridad en la agenda, señaló la extitular de Turismo, es atender a los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos y los que regresan a México, y por ello se está diseñando un programa integral de atención a migrantes. La labor en materia de protección y acompañamiento para asesoría legal en el exterior es “robusta y profesional” y que durante 2015 se brindó el servicio a más de 24 mil mexicanos. También expuso que la SRE está colaborando con el Instituto Nacional Electoral (INE), a través de su red consular en Estados Unidos, para facilitar el proceso de credencialización, donde la cancillería sólo se limita a recabar datos de las personas y enviarlos al Instituto. “Hemos iniciado la captura de datos para la credencialización en los 16 consulados, y hemos recibido un poco más de ocho mil
solicitudes”.