Opinión

Intensifican prohibiciones a marcas inmorales

La decisión del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos de cancelar el registro de la marca “Red Skins”, que distingue al conocido equipo de fútbol americano con sede en Washington, convoca toda clase de argumentos encontrados y actualiza una discusión importante sobre la “moralidad” que la ley puede exigir e imponer a los gobernados.

El asunto se remonta a dos décadas atrás, cuando un grupo de nativos americanos inició la batalla legal para lograr la cancelación de las marcas de los “piel rojas”, argumentando que se trata de un término despectivo para denominar a la población nativa en aquél país. La marca fue defendida con todas las armas legales al alcance por la franquicia, argumentando la validez de una marca para un término que, desde la posición de los dueños del equipo, no sólo está desprovisto de cualquier carácter discriminatorio, sino que ha sido adoptado en forma unánime por los fanáticos del equipo, y resulta ya una expresión grata y aceptable en el ambiente deportivo. El asunto, además, tiene implicaciones económicas importantes, asociadas al alto valor que marcas de este tipo alcanzan a lo largo de muchos años de ser difundidas y empleadas profusamente, por lo que su pérdida se traduce en un grave menoscabo patrimonial para sus propietarios.

La casi totalidad de leyes regulatorias de signos distintivos, no siendo México la excepción, contienen disposiciones para impedir o cancelar marcas que puedan resultar contrarias al orden público o la moral, resultando siempre un tema de amplio debate precisar lo que califica dentro de tales expresiones y lo que escapa a su alcance. Bien sabemos que los criterios de “moralidad” cambian drásticamente de una época a otra, de un lugar a otro y de un grupo de individuos a otro. A fuerza de ser estrictos en la protección a personas o grupos que puedan ser afectadas por expresiones discriminatorias, es claro que la libertad de expresión se ve injustificadamente limitada. Esta no es una discusión extraña al aparato jurídico, que finalmente se puede definir en su conjunto como la imposición de la moral de unos a otros.

Estamos como sociedad asistiendo a un sofisticamiento de los sensores impuestos en la prevención de la discriminación, que sin duda debe ser favorecida y apoyada. Sin embargo, la línea de la censura y la mordaza es muy delgada y puede ser fácilmente traspasada. Este tema se enlaza claramente con el de la prevención emitida por FIFA respecto de las expresiones supuestamente homofóbicas con que la porra mexicana perturba a los porteros contrarios.

El asunto pasa, en mi opinión, no por la validez o invalidez de las decisiones emitidas en uno u otro caso, sin por el evidente y creciente divorcio que la “moralidad” oficial manifiesta respecto de lo que las sociedades, o parte de ellas, creen, sienten, piensan y dicen, y que parte de éste quedan en la íntima esfera de la privacidad. En cualquier caso, será interesante conocer la resolución final de la Corte de Estados Unidos y seguir presenciando la limitación funcional del aparato judicial en su básica definición como “el orden coactivo de la conducta”.

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