Opinión

Integración ¿interna o a EU?


 
La integración económica de México a Estados Unidos es el escenario predilecto de un sector de las élites políticas desde la época de Carlos Salinas. Los panistas no se opusieron a la pérdida de soberanía e identidad que implica esa visión de futuro, pero fueron incapaces de cumplir con requisitos básicos del proyecto. El gobierno de Enrique Peña Nieto está dedicado a cumplirlos.
 
Para mayor claridad, el embajador en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, declaró hace un mes en Nueva York que "nuestros dos países debemos vernos desde la perspectiva de América del Norte porque competiremos con otros mercados y países con economías tan integradas que no pueden ser ya vistas por separado".
 
Medina representa al gobierno de Peña Nieto. Barack Obama responde que viene a México en visita oficial del 2 al 3 de mayo, "con el propósito primordial de profundizar la integración económica y comercial", según declaración oficial en Washington.
 
La integración a través del TLCAN durante el gobierno de Salinas ha tenido malas consecuencias, como las que señaló el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo; dijo que el tratado debe transformarse, pues se generaron "dos Méxicos, uno dinámico y otro que no se puede conectar con las ventajas de la apertura comercial".
 
Esa (des)estructura dual de la economía mexicana no podrá impedir que de profundizarse la integración hacia, digamos, un mercado común con políticas comunes frente a terceros, se acentúen las asimetrías y la pérdida de soberanía del país para trazar su propio proyecto de desarrollo.
 
Despuntarían unos sectores y al margen quedarían multitud de pequeñas y medianas unidades agropecuarias e industriales, igual que la mayoría de las grandes empresas. La integración al exterior se daría por sectores de actividad, bajo predominio del capital transnacional, como el que ya gobierna en el financiero y aspira a hacerlo en el de energía.
 
La integración de un mercado común, que es el grado que sigue al TLCAN, requiere mayores estándares de productividad y competitividad de nuestra economía. Es a lo que Luis Videgaray llama democratización de la productividad.
 
Según el secretario de Hacienda, "es el crecimiento negativo de la productividad lo que ha frenado el crecimiento económico del país durante los últimos 30 años". Ha explicado que todas las reformas estructurales -energética, hacendaria, educativa, laboral, etcétera- están diseñadas para favorecer la productividad general del país, en el marco de la libre competencia en el mercado.
 
Mayor integración externa y productividad a partir de la competencia mercantil en una economía marcadamente heterogénea, activará desequilibrios contrarios a la integración endógena.
 
Lo que tiene de positivo el proyecto integracionista, es que obliga a cubrir requisitos como la observancia del Estado de derecho, menor corrupción y el restablecimiento de un grado aceptable de seguridad pública.
 
Peña Nieto ha dedicado esfuerzos políticos a iniciar procesos legislativos que inciden en la letra y espíritu del Estado de derecho. Los avances son más claros en lo que interesa a la competitividad de la economía que en el combate a la corrupción y la procuración de justicia.
 
De los primeros serán trascendentes, si se salvan sus preceptos hasta la promulgación de la legislación reglamentaria, la llamada reforma educativa (sólo se propone la profesionalización del magisterio) y la de telecomunicaciones.
 
Aunque elevar estándares de transparencia y probidad es otra exigencia externa e interna, no se ha concretado el ofrecimiento de Peña Nieto de promover nuevas normas y organismos contra la opacidad y la corrupción.
 
Los estándares de seguridad pública hacen de México uno de los países más peligrosos de América Latina para las inversiones, según explicó Frank Holder, presidente de la región Latinoamérica para la consultora FTI Consulting, en entrevista con EL FINANCIERO (abril 2 de 2013).
 
Peña Nieto ofreció poner el acento en combatir peligros tales como los secuestros, extorsiones, derecho de piso y demás delitos, pero el Congreso estadounidense -que quiere que siga la guerra al narco en nuestro territorio- insinuó que para tener éxito, Peña Nieto tendría que pactar con los cárteles de la droga.
 
Lo que ha quedado claro en materia de seguridad pública, es la concentración de funciones en la Secretaría de Gobernación. En procuración de justicia, sigue en veremos la creación de un Código Penal único y de la Gendarmería nacional como coordinadora de las policías.
 
Antes que regionalmente, México tendría que reintegrar su economía, las instituciones de Estado y el tejido social.
 
 
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