Opinión

Insumos esenciales en la nueva Ley de Competencia

Mauricio Jalife Daher

Como hijastra de la reforma constitucional de telecomunicaciones, la iniciativa para contar con una “nueva Ley de Competencia” fue presentada la pasada semana al Congreso bajo la promesa de, ahora sí, combatir con rigor los monopolios, las concentraciones y las prácticas anticompetitivas. De hecho, no se debe hablar de un proyecto sino de dos, derivado de la que por su parte promovió el PRD por vía de la diputada Carpinteyro.

Además de una justificada reorganización temática, el proyecto avanza en la integración de la nueva estructura de la Comisión Federal de Competencia Económica, otorgándole facultades incrementales para ordenar medidas orientadas a eliminar las barreras a la competencia, regular el acceso a insumos esenciales y ordenar la desincorporación de activos. Entre los aspectos positivos se debe considerar el mecanismo que permite definir las áreas de responsabilidad entre la nueva COFECE y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que en el pasado había sido materia de tensión; asimismo, es un progreso dotar al ente investigador de autonomía técnica y de gestión.

Una de las principales novedades del proyecto, si no es que la mayor, es la creación de dos tipos de prácticas monopólicas relativas que sancionan la explotación abusiva de un insumo esencial por parte de un agente económico dominante. Aún y cuando su inclusión en leyes europeas parecería justificar su emulación por el sistema mexicano, la copia parcial del mecanismo podría generar más inconvenientes que avances.

De conformidad a la normativa propuesta, resulta indispensable que el insumo no resulte fácil de reproducir ni tenga sustitutos cercanos, así como que sea necesario para proveer ciertos productos o servicios o conforme a las reglas que emita la COFECE. El procedimiento de regulación de insumos esenciales está previsto en la propia Ley y sigue la estructura de persecución de prácticas anticompetitivas, si bien el área de investigación tiene que emitir un dictamen preliminar que resuelve el Pleno y los "competidores" pueden ser parte en el procedimiento

Un supuesto como el señalado daría pie a que las más disímbolas situaciones pudiesen calificar dentro de su ámbito, sembrando de incertidumbre sus alcances e interpretación. En lo que los criterios asociados sobrevienen, las acusaciones basadas en este nuevo tipo de práctica ilegal podrían acumularse por montones. Llama la atención, de entrada, que el precepto no incluya una exclusión expresa de insumos esenciales amparados por derechos de propiedad intelectual, que suelen ser los primeros de la lista de intocables.

De hecho, el proyecto de ley nuevamente escapa a la urgente necesidad de ofrecer una interfase con los derechos de propiedad intelectual, que contemple los necesarios puentes como las licencias obligatorias de patentes, los casos de prácticas anticompetitivas basados en la propiedad o uso de marcas, y la indispensable necesidad de mantener la información constitutiva de secretos industriales como insumo esencial “incompartible”.

En su conjunto, la nueva ley representa un avance, pero tan tibio, tan titubeante, tan escaso, que no encuentra justificación cuando, se supone, va tomado de la mano de las reformas más pretenciosas en la historia del país.

Correo: mjalife@jcip.mx