Opinión

Infraestructura y desarrollo

 
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En el primer trimestre de este año, el sector terciario creció 3.8 por ciento, mientras que el industrial cayó 1.1 por ciento, como mencionara en su columna Enrique Quintana hace unos días. Así, este primer trimestre la inversión física presupuestaria presenta una disminución de 25 por ciento respecto al mismo periodo de 2014. No es una tendencia nueva, pero sí reflejo de una realidad en la que la inversión pública ha caído constantemente en los últimos años.

En su oportunidad, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, que dirige Luis Foncerrada, señaló que la inversión pública está en niveles de hace casi 70 años. La caída en la inversión está vinculada con la reducción del gasto de mantenimiento de la infraestructura existente y en su deterioro, lo que mostrara Santiago Levy en 1998, quien estimaba, si bien recuerdo, casi dos puntos del PIB para un mantenimiento general.

Es cierto en la época que el Estado estaba en todo, caímos en excesos y abusos en el gasto público, lo que provocaba casos como el muy conocido de Oaxaca, cuando el presidente Echeverría decidió hacer un ingenio donde no había agua, porque el pueblo se lo pidió, y hubo muchos casos más y también una corrupción galopante, sin que existieran los mecanismos de fiscalización, auditoría gubernamental y sanciones, que hoy están empezando a operar.

Bien por reducir los excesos, eliminar al personal que no trabaja, reducir el gasto corriente innecesario, pero debe hacerse sin descuidar el gasto social y en infraestructura. Un mecanismo eficiente para acelerar el crecimiento económico es incrementar ese gasto y que corresponda con la necesidad temporal.

En casi todos los países la inversión en infraestructura es financiada con recursos públicos, por ello ha sido un error en muchos países de América Latina que en las políticas de estabilización se reduzca la inversión pública, pensando que la inversión privada la va a sustituirla, pero no ha sido así. Hay ciertos gastos que sólo los puede hacer el gobierno. Ahí está el caso de la carretera de Oaxaca en tiempos del presidente Salinas.

En un trabajo publicado en 2003 por el Banco Mundial, Esterly y Serven señalan que “la apertura de las industrias de infraestructura a la participación del sector privado puede tener bastante sentido, pero recortar el gasto público en infraestructura de alto retorno y esperar que el sector privado llene la brecha de la noche a la mañana es un acto de fe”. Esto invita a una reflexión sobre el camino a seguir.

Existen mecanismos alternos que pueden ayudar a compensar parte de la necesidad del gasto de inversión pública en infraestructura, particularmente en telecomunicaciones, carreteras y en materia hospitalaria, que debemos perfeccionar. Para el próximo año la suma estimada de inversión en APP es atractiva, rebasa los 30 mil millones de pesos, que de concretarse darían un buen impulso a la actividad económica y el empleo en el país.

Valdría la pena hacer un inventario de la infraestructura necesaria y la situación de la existente.

Es cierto que si no gastamos mejor en los tres órdenes de gobierno será muy difícil incrementar nuestros recursos, más si partimos de la base de que el SAT y algunas secretarías de Finanzas estatales han rebasado sus metas recaudatorias; desgraciadamente la mayoría no.

Este año los ingresos tributarios van muy bien, las participaciones están muy arriba de lo programado -mejor que en los últimos cinco años- y eso ayuda a que los fondos de estabilización, como el FEIEF, se mantengan con suficientes recursos y se recurra menos a la deuda pública, como se observa en el comportamiento del endeudamiento estatal en el primer trimestre de este año.

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