Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2016

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La política social del país ha sido amplia desde hace varias décadas. Pero sólo a partir de la firma de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) en 2004, ésta empezó con un proceso de institucionalidad. La LGDS señala áreas prioritarias, tales como el acceso efectivo a los derechos sociales, crea instancias de coordinación y de evaluación y genera un indicador concreto para medirla y evaluarla: la pobreza multidimensional.

Este informe destaca la importancia que para la política pública de los últimos años ha tenido el indicador de pobreza que señala la LGDS, pues otorga la posibilidad de plantearse un objetivo claro, medible y común. Hoy por hoy tanto el gobierno federal como diversos gobiernos locales de distintos partidos políticos, han tomado el indicador de pobreza como elemento central de la política social.

El hecho de que el indicador de pobreza incluya los siguientes elementos: ingreso de los hogares, rezago educativo, carencia por acceso a los servicios de salud, de seguridad social, carencia en la calidad y los servicios de la vivienda, así como carencia alimentaria, ha favorecido la generación de estrategias de coordinación de la política social, aún entre gobiernos de partidos políticos distintos: a) la modificación de la Ley de Coordinación Fiscal para re-direccionar el uso de recursos del FAIS, b) la Estrategia Nacional de Inclusión Social y c) la reagrupación de programas presupuestales para priorizar el presupuesto de programas con una contribución directa a alguno de los indicadores de carencia considerados en la medición de la pobreza.

Estos esfuerzos se han traducido, en diversas ocasiones, en que las carencias se hayan reducido, al menos hasta 2015, e incluso que el poder adquisitivo del ingreso haya aumentado, al menos hasta 2016.

Entre 2014 y 2015 hubo reducciones importantes en las carencias de acceso a la seguridad social, servicios de salud y de alimentación.

No obstante el reconocimiento de estas estrategias y el avance que han significado en materia de política pública, este Informe señala que aún existe camino por recorrer para alcanzar el desarrollo social en su acepción más amplia. El Informe enfatiza que diversos grupos vulnerables siguen necesitando políticas públicas más amplias que consideren sus particularidades para que puedan contar con oportunidades económicas, políticas y sociales similares a las de los demás.

Entre los retos de mayor complejidad que el Informe señala, está el enfoque de la política de desarrollo social que se ha centrado en los indicadores de pobreza, pero que es necesario que se tenga una visión más amplia del desarrollo. Los indicadores de pobreza son sólo un primer paso, un piso mínimo en la ampliación de oportunidades y el acceso efectivo a los derechos sociales. Reducir la pobreza medida así será benéfico para la población, pero será insuficiente para la ampliación de sus oportunidades. El enfoque de la política pública debe seguir incluyendo la eliminación de la pobreza y la pobreza extrema, pero con un enfoque central de igualdad de oportunidades, que pasa necesariamente por el acceso efectivo a los derechos.

Por ello, parece necesaria la evolución de la política de desarrollo social hacia un enfoque de inclusión amplio en tanto no sólo se trate de proveer bienes, sino que potencialice el acceso efectivo a los derechos sociales de todos los segmentos de la población y así buscar garantizar la mayor participación de todos los grupos en cualquier actividad económica, política y social.

Ejemplo de lo anterior es lo siguiente: En 2014, el 73.2% de la población indígena se encontraban en pobreza, pero sólo el 38.9% de los hombres no indígenas entre 21 y 55 años, que es el grupo social con mayores ventajas. Si bien la participación de mujeres en la Cámara de Diputados federal es ahora de aproximadamente 41.4%, hay congresos estatales con un gran rezago: Querétaro 8.0%, Coahuila 12%, Nuevo León 14%, Puebla 14.6%, Durango 16%, Estado de México 17%, Sinaloa 17.5%, SLP 18%, Tlaxcala 18.8%, Guanajuato y Guerrero con 19%.

El Informe señala también que otros retos importantes de la estrategia actual de política social tienen que ver con seguir mejorando la coordinación y la generación de instrumentos de información transparentes. Si bien la coordinación ha mejorado a partir de tener un indicador común bien establecido, todavía existen algunos retos.

Ejemplo de lo anterior es la persistencia de un gran número de programas (5,491) federales, estatales y municipales lo cual implica mayores gastos de operación en los tres órdenes de gobierno y también la concurrencia de similitudes al no existir mecanismos mediante los cuales se comparta información precisa sobre los beneficiarios y los objetivos.

El reto radica en la búsqueda continua de la coordinación interinstitucional y de los instrumentos de generación de información y construcción de padrones que promuevan la acción pública y la transparencia. La Sedesol ha estado generando información para relacionar mejor los apoyos que se otorgan con la población que los recibe. El Informe observa que aún hay retos para que la información de los dos ámbitos sea precisa. En el caso de la Cartilla Social, se advierte que el instrumento debe pasar por un proceso de evaluación y auditoría social para generar mayor certidumbre entre todos los actores.