Opinión

INE ¿Retroceso democrático y censura?

 
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Depositando el voto. (Cuartoscuro/Archivo)

Ante el desorden en las elecciones estatales: parcialidad de organismos electorales estatales, compra de votos por gobernadores y desvíos de millones en efectivo a las campañas de candidatos del partido en el poder en cada Estado, consideré un avance la creación de un organismo electoral competente para fiscalizar las elecciones en todo el país.

Se modificó la Constitución, se creó una ley y un reglamento para aterrizar el funcionamiento del nuevo organismo. La nueva legislación reitera en varias ocasiones que se actuará en un marco de respeto a la libertad de expresión; pero fue tanto el poder que se le dio al nuevo organismo, que en los primeros actos de sus funcionarios quedó claro que tienen fundamento legal suficiente para convertirse en inquisidores electorales, que deciden lo que deben ver y oír los ciudadanos. Y con poder para multar no solo a los partidos y a los medios electrónicos con una gran discrecionalidad y subjetividad, sino a cualquier empresa, periódico, periodista, comentarista y a todo aquel que no actúe como ellos consideran en el campo electoral.

Las multas a Cinépolis y Cinemex, de quedar firmes, reconocerán competencia del Instituto Nacional Electoral para limitar la participación ciudadana en las elecciones, no solo de regular a los partidos que lo crearon y lo quieren a su servicio. Deben multar a partidos que violan ley electoral, pero no a empresas y ciudadanos que son un medio para dar a conocer propaganda que pudiera calificarse como publicada fuera de tiempo o un partido considere lo agrede o es ilegal.

La nueva legislación electoral siembra incertidumbre jurídica en medios de comunicación y comunicadores, quienes no saben a priori –como es fundamental en un Estado de derecho– si es legal o ilegal una entrevista u opinión que expresen o propaganda que les contraten. Hay que limitar las nuevas leyes electorales, que con el teórico objetivo de buscar transparencia y equidad en las elecciones, convierten a sus funcionarios en inquisidores, que podrían, basados en la nueva ley, censurar a comunicadores, debilitando la libertad de expresión, el Estado de derecho y violando garantías individuales, lo que implica un retroceso en la democracia.

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