Opinión

Indignación y solución

En el año 2009, Ciudad Juárez fue la ciudad más violenta del mundo, según los medios de comunicación nacionales y extranjeros. En enero de 2010, 60 jóvenes fueron atacados por criminales en la colonia Villas de Salvárcar, matando a 15 de ellos. En agosto de ese año, fue incendiado el casino Royale, en la ciudad de Monterrey, matando a 52 personas. En noviembre, dos estudiantes del Tec de Monterrey fueron muertos en esa ciudad en una balacera entre criminales y militares.

En ese mismo 2010 fueron asesinados 72 migrantes por el cártel de Los Zetas en el municipio de San Fernando, en Tamaulipas, en donde al año siguiente fueron asesinados 193. En 2011 se localizaron 340 cuerpos en Durango. En 2012, 49 personas fueron asesinadas en Nuevo León, en una carretera cercana a Cadereyta.

Se han encontrado fosas clandestinas no sólo en Durango y Tamaulipas, ya referidas, sino también en Nuevo León, Jalisco, Estado de México, Morelos, Michoacán, Guerrero y Veracruz, con decenas de cuerpos en ellas. Por otro lado, motines y ataques en reclusorios han producido también decenas de muertos al menos en Juárez, Altamira y Apodaca.

En Torreón, en 2010 hubo tres masacres: ocho muertos y 21 heridos al ser atacado un funeral; 17 muertos y 18 heridos en una fiesta rural; 10 muertos y 15 heridos en un bar. En 2012, 11 muertos y 12 heridos en un centro ficticio contra las adicciones.

No es una lista exhaustiva. Es sólo una muestra de algunos de los hechos de violencia más importantes registrados en nuestro país durante los últimos años. Ninguno, que yo recuerde, dio origen a las muestras de indignación que surgieron a partir de Iguala. Ignoro la razón, porque son todos igualmente terribles, como lo son los cientos de cuerpos que han aparecido ahora en fosas alrededor de Iguala, aunque no sean los de los jóvenes desaparecidos.

Como si las tragedias fuesen diferentes por la cercanía con el Distrito Federal o la actividad u orientación de las víctimas. Para muchos norteños, esta diferencia en la interpretación de actos barbáricos no es asunto menor. Y creo que para muchos de los que en 2004 se manifestaron contra la violencia, y fueron entonces descalificados, la indignación actual también resulta desconcertante. Insisto en que todos esos hechos merecerían la misma condena, aunque eso no haya ocurrido.

Algunos de los hechos listados fueron inicio del cambio. En Baja California, Chihuahua y Nuevo León, la violencia originó un esfuerzo conjunto de autoridades de todos los niveles y de la ciudadanía que ha permitido reducir significativamente el problema. En Tamaulipas, Durango y Coahuila, eso no ha ocurrido, y la violencia va y viene, aunque en Tamaulipas no parece irse nunca por mucho tiempo.

En donde había ya instituciones en proceso de democratización, el acercamiento con la ciudadanía y el compromiso de las autoridades ha dado resultado. ¿Por qué no generalizarlo a todo el país, fortaleciendo instituciones y renovando autoridades en donde sea necesario? Lo único que no puede sustituirse, ni lo puede dar el Estado, es la participación de una ciudadanía convencida y concentrada en la aplicación de la ley. ¿Será eso lo que falta en ciertos estados? ¿Será que los ciudadanos tienen otras prioridades, herencia de su pasado clientelar? Sería bueno saberlo.

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