Opinión

Impunidad, maldita impunidad

 
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dinero peso billetes (Cuartoscuro/Archivo)

¡Qué vergüenza! México ocupa un deshonroso segundo lugar a nivel internacional en materia de impunidad, de acuerdo al Índice Global de Impunidad 2015 elaborado recientemente por la Universidad de las Américas de Puebla y el Consejo de Seguridad y Justicia de Puebla. Vergonzoso, verdaderamente vergonzoso, pero revela una realidad ineludible: desde hacer varios, años en México el cumplimiento del Estado de derecho -en construcción permanente- atraviesa por una larga y lamentable crisis.

Además, como resultado del informe sobre Consulta en Materia de Justicia Cotidiana, que por encargo de nuestro presidente presentó el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) y del cual se derivaron 217 propuestas y 20 recomendaciones, así como la aseveración de que nuestro país ocupa el lugar 79 entre 99 países en el Indice del Estado de Derecho, el licenciado Enrique Peña Nieto señaló que nuestra justicia cotidiana está rezagada, olvidada y rebasada, situación que no puede continuar por más tiempo, y ofreció convocar a una instancia nacional de diálogo y concertación que diseñe la estrategia, proponga objetivos y evalúe los resultados encaminados a su cumplimiento.

Esta nueva información, en su conjunto, no nos sorprende pero sí nos irrita, nos irrita profundamente y nos preocupa, nos preocupa mucho.

¿Por qué esta preocupación? Por las consecuencia que tiene para nuestro país la corrupción que de esto se deriva. Corrupción imperante de manera particular pero no exclusiva en el sector público. Corrupción que se incrusta en la diaria convivencia de la ciudadanía lesionando la confianza, elemento indispensable para alcanzar el progreso que tanto necesita nuestro país.

Ya estamos hartos de promesas con escasos resultados palpables en los asuntos relacionados con la impunidad.

Tenemos presentes muchos casos en esta materia. Recordemos dos documentados en la prensa nacional:

1.- Raúl Salinas fue exonerado por un juez, quien determinó que el hermano del expresidente Carlos Salinas, aunque se hubiera enriquecido inexplicablemente -y cuya fortuna existe-, no se acreditó que tuviese relación con actividades ilícitas. Extraña, muy extraña, la actitud y resolución del señor juez.

2.- Recientemente, el diputado local Abel Murrieta Gutiérrez, como integrante de la Comisión de Fiscalización, garantizó que por respeto a los sonorenses, quienes demandan el uso responsable de sus recursos, presentará una denuncia para que se investiguen los datos recientes de corrupción exhibidos en The Wall Street Journal, cuya investigación advierte sobre cuentas bancarias en el extranjero con nueve millones de dólares a nombre de familiares del gobernador de Sonora Guillermo Padrés.

Dos casos, sólo dos casos de los miles que podríamos exhibir sobre esta materia: impunidad que alimenta a la corrupción.

Por otra parte  en fecha reciente, según nos informa y comenta Isaac Katz, “… fue finalmente aprobado en el Senado el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) que tiene como elementos centrales la figura de un fiscal especial que dependerá de la Fiscalía General de la República; mayores facultades a la Auditoría Superior de la Federación para auditar el ejercicio del gasto público (incluido el que ejerzan los estados y municipios financiados con recursos federales); la creación del tribunal federal de justicia administrativa, que impondría las sanciones en casos de corrupción considerados como graves. Además, se extiende a siete años el plazo antes de que un acto de corrupción prescriba y la obligación de todos los servidores públicos de presentar su declaración patrimonial y evitar el conflicto de intereses (aunque no será
obligatoria hacerla pública)”.

¿Es un avance en la lucha contra el flagelo que es la corrupción?, se pregunta Isaac Katz y se responde: “En principio podríamos decir que sí, aunque faltaron algunas cosas, quizá la principal de ellas es que sigue prevaleciendo el fuero para gobernadores, presidentes municipales y legisladores, y que no se tocó el artículo 108 de la Constitución que establece que el presidente sólo puede ser juzgado por traición a la patria y por delitos graves del orden común.”

El fuero arriba señalado para gobernadores, presidentes municipales y legisladores, así como el de la presidencia de la República, nos molesta profundamente. Es una tomada de pelo para los mexicanos. El ladrón, a la cárcel, ocupe el puesto que ocupe. Los ciudadanos no podemos aceptar que se nos trate como ciudadanos de segunda, mientras los funcionarios públicos que cometen tropelías permanecen al amparo de la ley. Ellos debieran ser los primeros en sujetarse a las leyes que promueven y/o vigilan su cumplimiento. Urge impulsar una nueva disposición legal en donde se trate este delicado pero urgente asunto.

Pero debemos reconocer que las disposiciones en materia de anticorrupción son un avance, un avance significativo en esta delicada materia, pues su carácter sistemático permite articular los distintos eslabones del combate a la corrupción: prevención, investigación, procuración e impartición de justicia.

Este México nuestro, no cabe duda, avanza, avanza, avanza. A pesar en muchos casos de nuestros políticos, cuya sensibilidad social es en ocasiones verdaderamente vergonzosa. Aquí damos un ejemplo que irrita, que irrita mucho.

Mañana será otro día.

El autor es presidente de Sociedad en Movimiento.

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