Opinión

Implicaciones de la reforma constitucional anticorrupción

 

 

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Corrupción. (definicion.de)


El autor es comisionado del INAI.

La corrupción en México es ya una preocupación mayor para sus habitantes. Así lo enteran los índices de percepción, resultado de encuestas realizadas por organismos nacionales e internacionales. El Banco de México, el Banco Mundial y Forbes coinciden en que su costo es de un 9 por ciento del PIB nacional.

Este escenario obligó a crear las bases para una reforma normativa de gran calado en materia de prevención y combate de la corrupción, en este caso, materializada en dos reformas estructurales: la de transparencia y la de anticorrupción.

Es importante destacar que estas reformas han tenido procesos inéditos en nuestro país: contaron con el impulso y acompañamiento de integrantes de la sociedad organizada, académicos, medios de comunicación, intelectuales y políticos comprometidos con la rendición de cuentas.

Estas reformas constitucionales implican una configuración de esfuerzos interinstitucionales sin precedentes, que sustituirán las políticas y acciones fragmentadas para prevenir y combatir la corrupción.

Una de las implicaciones de la reforma anticorrupción es la de instituir un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con el propósito de coordinar a “las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos”.

Esto significa que se fortalece constitucionalmente las facultades de la Auditoría Superior de la Federación; introduce dos figuras indispensables para perseguir y sancionar la corrupción: la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; establece la expedición de leyes generales en materia de: 1) Bases de coordinación del SNA, y 2) Responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados a faltas administrativas; y mandata las reformas a las leyes para: a) regular la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación, y b) instituir el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Los principales retos para el éxito de esta reforma son: en primer término, el Congreso debe expedir la normatividad secundaria de manera articulada y con un alto nivel de calidad. Pero la generación de esta normatividad no sólo debe enfocarse en el combate a la corrupción para sancionarla, también en prevenirla y en simplificar trámites y transparentar procesos para no fomentarla.

Asimismo, es necesario configurar las instituciones encargadas de “administrar la justicia” en la materia con verdadera independencia y autonomía para no responder a intereses políticos.

Además, delimitar las causales de sanciones administrativas para las faltas de los funcionarios públicos, como las multas o inhabilitaciones, y las causas que conlleven delitos penales, los cuales deben ser castigados con todo el peso de la ley.

Un acierto destacado de la reforma es el de involucrar a un Comité de Participación Ciudadana en el SNA para darle cabida a la sociedad en la toma de decisiones; sin embargo, es imperativo que la normatividad secundaria le asigne funciones sustantivas.

Todas estas acciones deben ir acompañadas con el impulso de una efectiva política pública de rendición de cuentas y de participación ciudadana, con un sistema de estímulos y sanciones funcional. Para ello, debemos crear un mecanismo de denuncia sencillo y práctico, a efectos de que la sociedad participe en la vigilancia de la gestión pública y se involucre en la rendición de cuentas de sus autoridades.

Finalmente, tendrá que implementarse un sistema de medición de la corrupción, con indicadores confiables para verificar los avances o retrocesos de las acciones emprendidas.

La corrupción en México ha llegado a niveles que perjudican la vida cotidiana de las personas; por lo tanto, es menester generar acciones encaminadas a la erradicación de los actos ilícitos en el manejo y uso de los recursos públicos, con objeto de ganar la confianza y credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones públicas.