Opinión

Implanta España la “tasa Google”

Entre las novedades que el texto de la reforma proyectada de la Ley de Propiedad Intelectual de España incluye, hay una que por sus alcances podría impactar la forma en la que internet ha venido operando desde la aparición de los motores de búsqueda, y que está generando una notable polémica. Hablamos de la llamada “tasa Google”, que aunque no es privativa de ser impuesta a esta empresa, es sin duda la más emblemática. El mecanismo pretende dispersar los beneficios que obtienen los buscadores al enlazar contenidos informativos de otros, por la vía del reconocimiento de sus derechos de autor.

Lo que se pretende establecer es un pago o compensación por los beneficios que ciertos sitios obtienen como resultado de “enlazar” contenidos, especialmente informativos, que cualquier otro haya puesto a disposición en la red. El uso de los contenidos no estará sujeto a autorización previa por parte de los autores o los editores, pero les dará derecho a cobrar por su utilización.

El esquema es similar al que se observa para el cobro por el uso de música que realizan establecimientos mercantiles, que deben pagar una cuota mensual a las sociedades de gestión colectiva por ese concepto. Dichas sociedades, que representan a los autores, deben a su vez diseminar los beneficios entre sus miembros, en base a las mediciones que las mismas realizan sobre la intensidad en el uso de las obras. Aunque este tipo de pagos es altamente cuestionado por los empresarios que lo deben cubrir, nadie duda de los beneficios que los establecimientos obtienen del uso de música como uno más de sus insumos “ambientales”.

Esta batalla representa un capítulo más de la confrontación de los periódicos y revistas tradicionales en contra de servicios como “Google News”, a la que consideran como un beneficiario directo del uso gratuito que realiza de fragmentos de sus contenidos, que dan material a sus servicios. Resoluciones previas en tribunales europeos habían eludido este escenario, siendo al final el Congreso de España el que está asumiendo esta vuelta de tuerca. Muchos, sin embargo, no lo ven sino como una breve contención de la inaplazable desaparición de los diarios en sus versiones tradicionales, incluyendo a los “on-line”.

La llegada de las sociedades de gestión colectiva a internet marca un hito en los mecanismos operativos de la red, que poco a poco transita hacia instancias de regulación que le acercan más a los parámetros legales en los que otros entornos operan. Para los representantes de diversas sociedades de usuarios y empresas de internet, sin embargo, la medida será inaplicable y es regresiva, al pretender limitar la probada capacidad de la red para desbordar los intentos por regular los accesos masivos y el incesante intercambio de información.

Por otro lado, hay que recordar que solo en España las sociedades de gestión colectiva han alcanzado un punto de funcionamiento ejemplar, no solo por la eficacia en el cobro, sino por la transparencia con la que dispersan los ingresos. No es el caso de muchos otros países, en los que las funciones de este tipo de entes colectivos siguen siendo motivo de sospecha constante por los vicios añejos que les aquejan en sus operaciones internas.

Quienes vemos estas expresiones en un tono más amplio, queda claro que la madre de todas las guerras se libra entre los derechos de autor y las llamadas “fuentes abiertas”, en la que el acceso al conocimiento es enarbolado como la gran bandera para justificar la pretensión de usar contenidos de manera abierta e ilimitada. Es hoy España, en este tema, la matriz de ensayo que todo el mundo observa.