Opinión

Impedir la tragedia

  
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El mandatario capitalino demandó que durante los trabajos de la Asamblea Constituyente prevalezca un debate plural con ánimo e ideas de construir. (Edgar López)

Decía mi abuela: “La estupidez, como el amor de una madre, es infinita”. La propuesta de Constitución de la Ciudad de México confirma el dicho. Pocas cosas han logrado un consenso tan amplio entre comentaristas como la insensatez del documento propuesto por Miguel Ángel Mancera al Constituyente.

Muy rápido: Leo Zuckermann se mofa de la lista absurda de derechos, que Luis Carlos Ugalde ha medido en más de diez mil palabras. Yo mismo he contado sólo ocho apariciones de la palabra propiedad, tres de ellas asociada con “social” o “tradicional”, y en ningún caso con “privada”, desatendiendo uno de los derechos humanos fundamentales, a decir de la Declaración Universal (artículo 17). Eso mismo le parece a Isaac Katz, una seria amenaza al funcionamiento de la economía de la ciudad. Más, si a ello le sumamos temas como el derecho a la vivienda, para el cual se proporcionará “protección contra el desalojo forzoso y los aumentos desproporcionados de los alquileres”. Todo aquél que rente alguna propiedad y desee subir el costo se enfrentará a pleitos interminables, de rango constitucional.

En verdad, la lista de “grupos vulnerables” y derechos que se les otorgan sería de risa si no se tratara de un documento que puede convertirse en el eje de toda la legalidad en la capital del país. Porque todos esos derechos estarán tutelados por la gran figura paterna que es el gobierno de la ciudad y, como bien ha dicho Jesús Silva-Herzog, convierte al texto en el gran fárrago que puede resultar nocivo para la ciudad. Héctor de Mauleón cita un estudio del Senado en donde se afirma que, como está, nos llevaría al abismo.

Al único que he leído medio defendiendo el proceso ha sido a José Woldenberg, que refiere a Albert O. Hirschman para desacreditar a quienes se oponen al cambio porque empeorará las cosas, porque no va a servir, o porque pondrá en riesgo otros avances. No creo que se requiera una discusión retórica: todos los mencionados previamente, y muchos más, han (hemos) indicado con toda claridad cuáles son los problemas que resultarán de aprobar un engendro como el presentado por Miguel Ángel Mancera. Sergio Sarmiento recuerda que sólo 28.4 por ciento de los capitalinos votaron por los Constituyentes, y casi 8.0 por ciento anularon su voto. Es decir que con 26 por ciento del padrón, hay 66 diputados, a los que se suman 44 designados. Lo que ellos aprueben, sin embargo, será aplicable para el 100 por ciento de los habitantes de la Ciudad de México, por varias generaciones, si la ciudad lo soporta.

Intente imaginar lo que ocurrirá al día siguiente de publicada esta Constitución. Cualquier decisión que quiera tomar sobre su propiedad puede ser impugnada: por sus inquilinos, por sus vecinos, por los ambulantes de la cuadra, por los pueblos originarios, si es necesario. Todo ello implicará una pérdida de valor de la propiedad, es decir, de su patrimonio. Por otro lado, el gobierno tendrá la obligación de garantizar desde el empleo hasta la vivienda, desde la alimentación orgánica hasta la plenitud sexual, y si así no lo hiciese, hay instrumentos para obligarlo a cumplir, o exigir indemnización. ¿De dónde piensan que saldrán los recursos para ello?

Tanto por el alud de derechos que el gobierno debe hacer cumplir, como por el riesgo en que se pone la propiedad privada, el impacto de la Constitución sobre la economía de la ciudad será seriamente negativo. Nada que preocupe a Mancera, que pronto se irá, o a los provectos constitucionalistas que superan ocho décadas de vida, o a los activistas que le han dado sentido a la suya con este documento, o a los políticos profesionales que después serán senadores, o se irán a vivir muy lejos. Esta propuesta debe retirarse.

Profesor de la Escuela de Gobierno, Tec de Monterrey.

Twitter: @macariomx

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