Opinión

Iguala y el cuento de la
Ley General de Víctimas

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Marcha Ayotzinapa

Uno de los primeros actos de gobierno de Enrique Peña Nieto (enero 9 de 2013) fue promulgar la Ley General de Víctimas. La ley se encontraba empantanada pues el presidente Felipe Calderón la había congelado al interponer un recurso ante la Corte.

La ley surgió de un reclamo que se repitió lo mismo en las caravanas de Javier Sicilia por el país que en los encuentros de las víctimas con autoridades –incluyendo los candidatos presidenciales– en el Castillo de Chapultepec. Todas las víctimas fueron prolijas al describir las humillaciones a las que eran sometidas por policías, ministerios públicos, peritos, jueces, gobernantes… es decir, nos contaron lo que sabíamos y no queríamos escuchar: que eran doblemente víctimas, que toda clase de funcionarios –altos y de barandilla– los desdeñaban y hasta extorsionaban por el simple hecho de pedir que se hiciera justicia a sus familiares.

La Ley General de Víctimas, prometieron los partidos entonces, impediría que los tratos humillantes volvieran a ocurrir. Pero una gran prueba de fuego, nadie pudo imaginarlo, llegaría 20 meses después, con los hechos de Iguala, y el balance para esa ley no puede ser peor.

Las víctimas de los hechos del 26 de septiembre volvieron a padecer lo tantas veces denunciado por las familias que han sido violentadas. El informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) lo resume así:

“Muchos familiares han estado pendientes de realizar gestiones con distintas instituciones del Estado, sin que existiera claridad de quién era el referente para dichas actuaciones”, señala el reporte presentado en septiembre. En el texto se denuncia que las familias se topan con “un contexto de fragmentación y de escasa coordinación entre las diferentes instancias del Estado competentes en ello, como la Segob, la CEAV o las autoridades del estado de Guerrero u otros donde se encuentran los familiares”.

Si las víctimas de la tragedia más visible en décadas se han enfrentado con los tortuosos laberintos de siempre, si ellos tienen que gastar de su bolsa lo que no tienen para ir de dependencia en dependencia, si tienen que resolver solos la abrumadora cantidad de trámites periciales, si antes que procurarles terapias o ayuda el sistema de justicia les fatiga más, qué podrán esperar las familias de aquellos violentados que sólo alcanzan la ceniza notoriedad de la nota roja de alguna publicación local.

Sin ser justificación, alguien podría alegar que los padres de los muchachos de Ayotzinapa manifestaron recelo ante las instancias gubernamentales, entre ellas la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), y que por ello la atención ha sido deficiente.

Eso no sería verdad. Porque en los hechos de Iguala hubo otras víctimas además de los jóvenes de Ayotzinapa, como las del equipo de futbol Los Avispones (murió un joven jugador y el chofer del autobús donde viajaba el equipo, además de que hubo una decena de heridos graves), que siguen sin recibir, por ejemplo, recursos del fondo emergente creado por la cacareada ley.

Ocurre que para entregar recursos del fondo la ley exige que la víctima muestre o una resolución del Ministerio Público donde se explicita que será imposible el ejercicio de la acción penal, o la sentencia firme de la autoridad judicial donde se especifique que el agresor no pudo reparar por sí mismo, o una declaratoria de un organismo de derechos humanos que constate que no ha habido reparación (artículos del 67 al 69 de la Ley General de Víctimas).

Adivinaron. Les piden papeles que tardarán años en llegar. La ley no corrigió la realidad. Como tantas otras veces.

Twitter:
@SalCamarena

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