Opinión

Iguala, los costos del maquillaje

Ayotzinapa y Tlatlaya han estrellado en la cara del país entero las consecuencias de una decisión inicial del gobierno de Enrique Peña Nieto: la irresponsable determinación de “bajar el volumen” al tema de la inseguridad, como si maquillando cifras y cerrando los ojos ante la bárbara realidad las cosas fueran a cambiar.

El gobierno de Peña Nieto tardó más de dos semanas en decir que la presentación de los 43 jóvenes estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa era “una prioridad”.

Desde el 26 de septiembre, cuando policías y sicarios –para el caso, lo mismo– asesinaron a seis personas, hirieron a una veintena y secuestraron a 43 jóvenes, Peña Nieto y sus funcionarios se dedicaron a “echarle la bolita” al gobierno estatal, pese a que desde mucho tiempo atrás conocían no sólo los vínculos criminales del alcalde José Luis Abarca Velázquez, sino incluso de su posible participación directa en el homicidio del dirigente social Arturo Hernández Cardona.

La impunidad fue el preámbulo de la barbarie de Iguala.

El gobierno de la restauración priista, como anota atinadamente una nota en la primera plana del The New York Times (19 de octubre), se ha concentrado en “renovar la economía y atraer capitales extranjeros”, ignorando la crisis derivada de la violencia criminal y también a los “pueblos sin ley” como Iguala (el rotativo estadounidense recuerda que esa ciudad está a sólo 193 kilómetros de la ciudad de México).

Como ha fracasado en sus propósitos reformistas, Peña Nieto se ha concentrado en la imagen, que es su especialidad. Primero evadió la responsabilidad federal y sólo dio un viraje cuando la condena internacional y las movilizaciones en el país crecieron exponencialmente.

¿Qué le ofreció al país? Una fotografía de la reunión con su gabinete de seguridad, para demostrar que está “trabajando” en una “prioridad” que sólo consideró tal más de dos semanas después del secuestro de los estudiantes.

La enorme fosa común que es Iguala no es, para desgracia de México, una excepción. En muchos otros estados del país se han realizado hallazgos similares que sólo son la arista más bárbara de un fenómeno mayor: la descomposición política y social, el dominio del crimen organizado por sobre todas las instituciones del Estado, el triunfo del crimen sobre la legalidad.

Estamos frente al fracaso de un modelo que ha sometido al país al poder de las grandes trasnacionales, sean petroleras o criminales. Y también frente al terrible costo de la decisión de Peña Nieto de continuar la “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón, en los términos del panista, con la sola diferencia de “modular” o desaparecer la exposición pública de las atrocidades.

La barbarie de Iguala involucra a dos gobiernos, estatal y municipal, surgidos del PRD. El principal partido de la izquierda mexicana tiene la enorme responsabilidad de haber llevado al poder a candidatos que nada tienen que ver con su proyecto de igualdad, respeto a los derechos humanos y las libertades.

El grosero pragmatismo de la corriente mayoritaria nos pasa la factura.

Es hora de ser congruentes con nuestros orígenes para no terminar, a los ojos de la ciudadanía, en el mismo costal de desprestigio de una clase política insensible.

La barbarie es la expresión más cruda de una situación que pone en duda la gobernabilidad. El profundo y fundado descontento social le ha quitado toda credibilidad a este régimen. Afuera, México es visto como el peor ejemplo de corrupción, violencia, falta de respeto a los derechos humanos y desigualdad social.

De cara a la tragedia nacional no caben mantos protectores ni impunidad. No hay lugar para la negligencia ni la incompetencia. No puede haber silencio ni indiferencia.

Nadie, comenzando por el gobierno federal, puede evadir su responsabilidad en esta grave crisis. Pero no estamos frente a un asunto que se resuelva con la detención de un alcalde o la caída de un gobernador, sino ante una crisis nacional que nos recuerda la responsabilidad primera del Estado: crear y mantener las condiciones de paz social, seguridad y respeto a los derechos humanos.

Twitter: @Dolores_PL