Opinión

Identidades en peligro, un pendiente más para México

 
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Tarjeta de crédito. (Cuartoscuro)

La globalización y la tecnología permiten que abrir una cuenta bancaria, contratar una línea telefónica, realizar compras por internet o sacar dinero del cajero automático sean actividades cada vez más sencillas.

Conforme transitamos a una sociedad digital, estas tareas son tan cotidianas que ni si quiera nos percatamos de sus posibles riesgos. En cualquier momento un delincuente puede robar los datos personales de una persona y realizar todas estas actividades y más, de manera apócrifa.

El robo de identidad es una realidad en el mundo, y nuestro país ocupa el octavo lugar a nivel mundial en este delito. Las cifras son contundentes: según la Condusef, este delito se disparó en 600 por ciento de 2011 a 2015 y representó una pérdida de 118 millones de pesos tan sólo en 2015.

Sin embargo, las instancias legales no permiten hacer frente al robo de identidad. Hasta ahora, de las 32 entidades federativas sólo 16 tipifican en sus códigos penales el delito de robo de identidad y, a nivel federal, el Código Penal no lo incluye.

Es urgente desarrollar una agenda nacional para debatir el robo de identidad con miras a crear o fortalecer nuestros propios marcos legislativos e institucionales. No será necesario partir de cero, podemos aprender de las mejores prácticas internacionales. La batalla contra los crímenes de identidad a nivel internacional cobró fuerza a partir de 2007, cuando la Oficina de Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen convocó a una consulta internacional sobre el tema. Se conformó un grupo de expertos multisectorial y multidisciplinario para unir experiencias, desarrollar estrategias, facilitar el estudio del tema y acordar acciones prácticas contra delitos por mal uso de la identidad.

Con él se empezó a conocer la naturaleza y la dimensión del problema a nivel nacional y trasnacional.

Derivado de los debates del grupo de trabajo de la ONU sobre crímenes de identidad, hoy contamos con definiciones generales y áreas prioritarias para orientar la protección de la identidad de las personas; por ejemplo, la prevención, la investigación y acusación, la cooperación internacional, el apoyo a las víctimas y la importancia de una adecuada tipificación de estos delitos. Además, el grupo también identificó los retos para el combate a los delitos por mal uso de identidad: recopilar y sistematizar información como evidencia para definir legal y académicamente este tipo de crímenes; diferencias entre los marcos normativos e institucionales de los países; la diversidad de actores gubernamentales y privados involucrados; la capacidad que tienen para proteger los datos de identidad de las personas; y los tipos de datos que se guardan (desde datos biométricos hasta datos sobre preferencias comerciales). Las definiciones, áreas prioritarias y retos que plantea este grupo pueden ser los ejes de un debate nacional sobre el tema en México.

Este debate requiere una amplía convocatoria que involucre al sector público y privado porque no podemos obviar que las responsabilidades de los actores públicos son distintas de las de los privados. No es lo mismo usar datos personales para brindar servicios de salud y educación o llevar el padrón electoral, que constituir el registro de clientes de una empresa o predecir patrones de consumo que aumenten las ventas. De forma similar, las modalidades y técnicas que utilizan los delincuentes también varían. La clonación de tarjetas de crédito es muy frecuente, pero no es comparable sin el alcance de un ataque cibernético a bases de datos de una trasnacional o un gobierno.

Estamos en el momento adecuado para este debate en México. Por un lado, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de decreto para modificar el Código Penal federal para sancionar los delitos contra el robo a la identidad de las personas; ahora está pendiente de ser aprobado por la Cámara de Senadores. Además, el proceso de homologación de las leyes estatales con la Ley General de Protección de Datos Personales está en marcha. Tener un marco jurídico unificado y que contemple los delitos de identidad es sólo el primer paso para garantizar la seguridad de nuestra persona digital.

El autor es comisionado del INAI y coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia.

Twitter: @joelsas

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