Opinión

Ideas sobre el concepto de “licencia”

Los alcances que pueden derivar de la figura de una “licencia”, desde un punto de vista jurídico, son vastos y contrastantes. Ahora que la explotación de los yacimientos petroleros del país podrá realizarse al amparo de una de ellas, más vale que quede bien definido cómo es que dicho concepto debe entenderse en el marco de la reforma constitucional que las concibió.

La conducción de un automóvil o la apertura de un establecimiento mercantil se ven precedidos por el otorgamiento de una licencia por parte del Estado, por citar dos ejemplos muy sencillos y fáciles de entender. Se trata de un acto esencialmente administrativo en el que, quien ha de beneficiarse de ellas, acredita contar con cualidades subjetivas que predefine una norma jurídica, que satisfechas arrojan la inevitable obligación a cargo de los órganos del poder público de otorgar la licencia correspondiente.

Una característica primordial que derivaría de un acto de licenciamiento administrativo como este que comentamos, debería llevarnos a reconocer que, cualquier persona que a través del proceso de individualización de la norma acredite ser merecedor de la expedición de una licencia, podría válidamente argumentar que el derecho para obtener la licencia es preexistente y proviene, precisamente, de su identificación normativa para realizar la actividad licenciada: conducir el automóvil u operar el establecimiento.

El licenciamiento, administrativamente concebido, debería encausarnos a reconocer que quienes gocen de una licencia a la luz del artículo 27 constitucional podrían ejercer los mismos derechos que en cualquier rama análoga dicha figura otorga a sus titulares: la prerrogativa absoluta para disponer del bien objeto de la actividad licenciada a su propia discreción. Ninguna autoridad podría limitar al conductor del automóvil que goza de la licencia correspondiente, para conducir el vehículo al lugar o durante el tiempo en que lo desee mientras no infrinja las reglas de tránsito vigentes.

Si así fueran entendidas las licencias, debería aceptarse que cualquiera que fuera el sujeto interesado en la obtención de dicha prerrogativa gozaría del derecho para exigir su expedición, si ello sólo obedeciera al cumplimiento de los requisitos subjetivos preestablecidos, una facultad reglada del Estado.

Sin embargo, esa conjetura podría ser válidamente cuestionada, pues visto ese título con dicho alcance, el concepto mismo de “licencia” no sería sino un maquillaje para darle una viabilidad estética a una prohibición constitucional simultáneamente establecida: las concesiones en materia petrolera. Es decir, que no podría ser absoluto el derecho del licenciatario para disponer del campo licenciado, en la medida en que ello sería equivalente al derecho que otorga cualquier concesión a favor de su titular, estando éstas expresamente prohibidas en el texto de la Carta Magna. Las licencias para la explotación petrolera, entonces, no pueden ser entendidas como aquellas que ya define el derecho administrativo en otros ámbitos de la vida pública nacional, pues esencialmente confrontarían una prohibición constitucional.

Es cierto que es muy amplia y profunda la discusión existente alrededor de esta línea divisoria entre los conceptos de licencia y concesión, y que el caso de nuestra nueva legislación energética no vendrá a develar un flamante campo de exploración jurídica para quienes aman de la filosofía del derecho. Esta problemática ya ha sido abordada en otras latitudes. ¿Qué otras perspectivas arroja la reforma?

En su articulado principal y transitorio, la reforma energética abre un nuevo camino a la explotación petrolera a través de los contratos y las licencias. Por su ubicación normativa y amén de la nueva naturaleza que habrá de corresponder a PEMEX y a CFE como empresas productivas del Estado, se me antoja pensar que el concepto de “licencia” se asemeja más a aquellas concebidas en el derecho privado.

Mientras que un contrato supedita al profesionista al cumplimiento de obligaciones jurídicamente subordinadas a la voluntad del contratante, una licencia en el ámbito del derecho privado ofrece una autonomía a la persona licenciada para realizar ciertas actividades dentro del marco de la licencia, pero siempre de frente al reconocimiento preponderante de que el derecho primigenio licenciado es propiedad del licenciante.

La explotación de una invención que goza de una patente, por medio de la franquicia correspondiente, no puede tener lugar sino por virtud de un acuerdo de licencia, que otorga el titular de la invención misma a favor de un licenciatario, para que se realicen actividades limitadas dentro del marco de la licencia, con el reconocimiento perenne de que la invención licenciada nunca deja de ser una propiedad del licenciante.

Siendo los mantos del subsuelo propiedad inalienable de la Nación, válido sería reconocer que las licencias que podrían otorgarse para su explotación no derivarán de un derecho preexistente de los licenciatarios, sino de una gracia del Estado, inmersa dentro de los principios que tutelan los artículos 27, 28 y 134 de la Constitución, para que un particular coadyuve con el Estado en la realización de actividades que le interesan y son titularidad originaria y perpetua del pueblo de México. La licencia, así entendida, se distinguiría con facilidad respecto de aquella administrativamente entendida.

Pero lo cierto es que aún tratándose de una licencia concebida como contrato, ésta no dejaría de ser un acto del Estado y, por ello, un acto administrativo propiamente dicho, de ahí que su segunda concepción tampoco sería perfectamente aceptable. Los derechos del licenciatario no se dejarían de regir por normas de derecho público que sitúan al particular en una esfera de subordinación frente al Estado.

Las “licencias” que habrán de desarrollarse por la legislación secundaria en materia energética, tendrán una naturaleza jurídico-constitucional propia, que las lleva a orbitar en este mundo del derecho que navega entre lo público y lo privado. Un acto administrativo por excelencia, con la flexibilidad propia de los actos privados.

Un concepto sí quedará claramente entendido: ninguna licencia, por parecido que pueda ser el derecho que ampare, podría equipararse jamás a una concesión del Estado sobre el subsuelo del país, pues su existencia se encuentra expresa y terminantemente prohibida. Concesión y licencia, así, desde ninguna perspectiva pueden ser lo mismo.