Opinión

¿Hay salida a la crisis
de Venezuela?

   
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Este domingo 30 serán las elecciones para una nueva Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en Venezuela. Se trata de un mecanismo ideado por el presidente Nicolás Maduro para controlar al Poder Legislativo, el único que está actualmente en manos de la oposición. Esta 'elección constituyente' es un duro revés a la legalidad: llevará a la disolución de una Asamblea Nacional legítima.

Venezuela se encuentra sumida en una crisis económica, política y humanitaria provocada por la caída de los precios internacionales del petróleo y el manejo corrupto de las finanzas públicas. La situación es insostenible: aumentan el desabasto, la hambruna y enfermedades que se creían erradicadas están propagándose.

Frente a este panorama, Maduro ha tomado medidas para controlar la Asamblea y neutralizar las inconformidades de los opositores. El primero de abril de este año, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)
–controlado de facto por el Ejecutivo– asumió las competencias del Legislativo. La decisión provocó la actual ola de manifestaciones en contra del gobierno, que lograron revocarla más tarde –se devolvieron las facultades a la Asamblea Nacional– pero este ataque agravó los enfrentamientos entre el oficialismo y la oposición.

La intentona de Maduro en esta ocasión ha sido promulgar un decreto que convoca a elecciones constituyentes para elegir a 500 diputados por sufragio universal, que promulgarán en los próximos meses un nuevo texto constitucional. Según el gobierno, los diputados no serán representantes de sus partidos políticos sino de sectores específicos de la población como indígenas, estudiantes, trabajadores, entre otros. El TSJ respalda esta decisión en su mayoría (sólo dos de sus magistrados la rechazan).

El llamado al 'pueblo' por encima de la legalidad en Venezuela es un acto demagógico y autoritario, que revela el grave desprecio de Maduro hacia las instituciones de ese país. No sorprende que entre quienes se presentan a los comicios se encuentren exfuncionarios del gobierno, como la 'finísima' excanciller Delcy Rodríguez. El mismo presidente ha declarado que, al conformarse la Asamblea Constituyente, se establecerá una comisión “por la verdad, la justicia y la paz”, que juzgará los hechos violentos que han acompañado las protestas de este año.

El domingo antepasado, la oposición llevó a cabo un plebiscito no oficial para rechazar la celebración del Constituyente. Participaron más de siete millones de personas, quienes se expresaron casi unánimemente en contra de la medida del gobierno de Maduro. En las últimas semanas, grupos inconformes han realizado bloqueos y barricadas. Los empresarios han declarado que no participarán en la constitución de la Asamblea.

Al mismo tiempo, ha aumentado el hostigamiento a los líderes opositores y a los manifestantes, por lo que incluso la excarcelación de Leopoldo López es un gesto insuficiente. Previendo que pueda ocurrir un revés en las urnas este domingo, Maduro ha declarado que “lo que no se pudo con los votos lo haríamos con las armas”, es decir, que convocará a milicias para defender a la revolución bolivariana, siguiendo al pie de la letra las instrucciones de sus asesores cubanos para tratar de mantener el orden público.

Por su parte, Trump ha amenazado con imponer un bloqueo al país sudamericano si se celebra la ANC. Sin embargo, como se ha probado antes en Cuba e Irán, esta medida exacerbaría el nacionalismo y le daría una tabla de salvación al régimen: centraría la disputa en una 'agresión imperialista' de Estados Unidos y perjudicaría a los millones de venezolanos que padecen condiciones cada vez más precarias.

El principio de no intervención no admite violaciones a los derechos humanos, debe prevalecer la responsabilidad de proteger. Las democracias tienen que ser tajantes: devolver a Venezuela a la normalidad va más allá de llamar al diálogo a las partes involucradas, retirar embajadores o interrumpir relaciones diplomáticas. Hay otras medidas, que se han empezado a tomar como actuar contra actores políticos (por violaciones a los derechos humanos) mediante la confiscación de sus bienes en el exterior o adoptar restricciones financieras, comerciales y energéticas, que podrían presionar al régimen a desistir. No es para menos. Se trata de un golpe de Estado, dirigido contra un Congreso de mayoría opositora, que pone a Venezuela al borde de la guerra civil.

Twitter: @lourdesaranda

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