Opinión

Hay límites

1
 

 

 [Bloomberg] La empresa de telefonía celular no detalló de manera puntual el lapso en el que permaneció la falla. 

En diciembre pasado el Senado de la República interpuso un juicio de controversia constitucional en contra de las Reglas de Portabilidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), publicadas el 12 de noviembre de 2014.

La inconstitucionalidad radica en que: a) el IFT estableció requisitos adicionales a los previstos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y b) indebidamente postergó por 90 días el derecho de los usuarios a realizar la portabilidad numérica en menos de 24 horas.

La ley ordenó que la portabilidad efectiva se diera a más tardar el 6 de noviembre de 2014); por su parte, el IFT dictó las reglas hasta el 12 de noviembre de 2014 previendo, contradictoriamente, que surtirán efectos hasta el 10 de febrero de 2015.

El otro exceso del IFT radica en que estableció requisitos adicionales para los usuarios, al exigirles la obtención de un número de identificación de confirmación y restringirles a un horario para hacer el trámite de portabilidad pese a que ley sólo exigía la manifestación de voluntad del usuario para cambiarse de compañía y presentar una identificación.

En buena medida se trata de un problema sobre los límites que debe tener una autoridad dentro del Estado mexicano, en este caso un órgano constitucional autónomo de reciente creación que, al ejercer sus funciones regulatorias, también debe sujetarse a lo que ordena la ley.

La polémica está ya en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde los ministros acordaron dar trámite y atención prioritaria al asunto, a razón de que éste afecta a millones de usuarios de telefonía que aspiran a cambiarse de compañía pero que desean conservar su número telefónico, además que las disposiciones impugnadas vienen a constituir un obstáculo a la libre competencia en el mercado de telecomunicaciones.

Hay que recordar, sin embargo, que el trámite de sustanciación y resolución prioritaria de una controversia constitucional no modifica los plazos procesales; en tal sentido, es muy probable que el reclamo formulado al IFT consistente en haber postergado por 90 días la portabilidad numérica quede sin materia al tratarse de un acto consumado, ya que dicho término fenece el próximo 10 de febrero, y probablemente la sentencia será dictada con posterioridad a esa fecha.

Lo anterior, de ningún modo implica que toda la controversia constitucional vaya a quedar sin materia, ya que el fondo del asunto radica en la extralimitación del IFT al regular la ley, particularmente al imponer a los usuarios requisitos adicionales a los que ésta ordena, por tanto, la SCJN no debe perder la oportunidad de establecer un control judicial efectivo que declare la existencia de límites constitucionales y legales a los que un órgano como el IFT debe ceñirse.

Que no se olvide que dentro de las reglas democráticas están los límites de los distintos poderes públicos. En una democracia no hay absolutos ni islas que escapen a la potestad de la ley. Un órgano constitucional autónomo no es la excepción y la jurisprudencia así lo debiese dejar asentado.

También te puede interesar:
150 mil millones adicionales para el fisco
​¿En qué se quiebra la cabeza el IFT?
Evitando retrocesos