Opinión

¿Habrá consulta energética en 2015?

La semana pasada se aprobó la Ley Federal de Consulta Popular. El PRD y varios dirigentes de izquierda como Cuauhtémoc Cárdenas quieren usar la nueva figura para revocar la reforma energética. Se han sumado grupos de artistas como Daniel Giménez Cacho, Gael García y Eugenio Derbez, entre otros, unidos en el colectivo El Grito Más Fuerte. Exigen con sentido común: “Yo quiero que me pregunten”.

No sólo eso, la estrategia electoral del PRD y también de Morena será convertir a la elección legislativa del próximo año en una suerte de plebiscito respecto a los peligros de permitir la inversión privada en petróleo. Además de la convicción ideológica que los motiva, las encuestas de opinión alimentan esa táctica: según Parametría, sólo 16 por ciento de la población está a favor de la inversión privada en la industria petrolera; según el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, el 54 por ciento rechaza la inversión privada en petróleo.

El problema para los proponentes de una consulta energética es que el artículo 35 de la Constitución dice que una consulta popular es vinculatoria sólo para el Congreso de la Unión, no para las legislaturas estatales, de las que se requiere el voto para enmendar la Carta Magna. Asimismo, cuando se aprobó la figura de la consulta en 2012 no se modificó el artículo 135 constitucional —sobre las modalidades para cambiar la Constitución— sin lo cual es inviable jurídicamente que una consulta popular sea fuente obligatoria para detonar enmiendas constitucionales.

La nueva ley de consulta popular aprobada el jueves pasado establece que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que califique la constitucionalidad de llevar adelante cualquier consulta. Cuando llegue a sus manos la solicitud para revertir los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, la respuesta será negativa por los argumentos apenas mencionados.

Si los proponentes optaran por una consulta sólo para cambiar leyes secundarias, el problema sería que éstas no podrían contravenir el texto constitucional. Dicho de otra forma, una consulta para prohibir la inversión privada en la Ley de Hidrocarburos, por ejemplo, no sería avalada por la Corte porque sería inconstitucional ya que los artículos 25, 27 y 28 vigentes desde diciembre de 2013 ya la permiten.

Ante tal escenario, es probable que los proponentes opten por una consulta simbólica de carácter político: instalar casillas en el país y convocar a sus simpatizantes para que expresen su rechazo a la reforma energética. El resultado será contundente: seguramente más del 90 por ciento dirá NO.

Antes de que ello ocurra, la Corte será acusada de defender el status quo, de no proteger los derechos políticos de los mexicanos y de realizar una lectura legalista, no garantista, de la Constitución. El hecho de que la reforma que dio lugar a la consulta popular no haya modificado el artículo 135 constitucional, que establece las modalidades para enmendar la Constitución, hace inviable una interpretación garantista para que una consulta popular pueda ser motor de cambio de normas constitucionales.

En lo personal lamento que la nueva figura de la consulta popular tenga un alcance tan limitado. Aunque creo en la democracia representativa, con todas las fallas y deficiencias que ha mostrado, creo que las consultas en temas de trascendencia nacional fortalecen la participación ciudadana sin menoscabo de la democracia y sus instituciones.

Aún más, creo que un ejercicio de consulta popular previo a la reforma energética hubiera sido muy saludable para la vida democrática del país. Estoy a favor de la reforma energética que se aprobó en 2013 y creo que el gobierno y sus aliados en los partidos tenían y tienen todos los argumentos para haber ganado una consulta después de una amplia deliberación pública. El resultado habría sido una reforma energética con enorme fuerza política.

Todos los partidos, incluido el PRD, son responsables de los alcances limitados de la consulta popular. Si quieren expandirlos, se requiere una nueva reforma constitucional que toque nuevamente el artículo 35 para que diga expresamente que la consulta puede tener alcances constitucionales, así como el 135, para que diga que las consultas populares son una fuente para obligar al poder reformador a enmendar la Constitución. Y si se quiere que las consultas sirvan además para revocar decisiones ya adoptadas por los poderes públicos, lo que procede legislar es el referéndum revocatorio, como se conoce en el mundo.