La demanda colectiva funciona
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La demanda colectiva funciona

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La demanda colectiva funciona

18/10/2013

 
Funcionó la demanda de acción colectiva, un recurso judicial novedoso, para que una agrupación de 53 personas y 20 organizaciones lograran que un juez de distrito le ordenara a la SAGARPA y a la SEMARNAT que suspendan todo trámite de autorización a liberar maíces genéticamente modificados al ambiente.
 
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No es una medida definitiva a pesar de lo cual, tiene importancia enorme porque obliga a confrontar, en igualdad de condiciones judiciales, los argumentos y pruebas a favor y en contra de la comercialización de esas semillas en México.
 
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El gobierno de Calderón autorizó en 2009 la siembra experimental de maíz transgénico y en 2011 la siembra piloto en áreas restringidas.
 
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Sin que se permitiera conocer los resultados de esas pruebas experimentales y piloto, Pioneer pidió en septiembre de 2012 autorización para la siembra de un millón 400 mil hectáreas y Monsanto para un millón de hectáreas más, ya en fase comercial.
 
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El 26 de febrero terminaron los cuatro meses de plazo en el que SAGARPA y SEMARNAT debieron resolver esas solicitudes. Por alguna razón no lo han hecho; ahora tienen una causa judicial para no hacerlo y para abrir la discusión sobre el tema.
 
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Hasta ahora, la discusión se ha dado en la Sagarpa y Semarnat con las transnacionales Monsanto, Agrosciences y Pioneer, que han desarrollado y patentado esas semillas.
 
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Los científicos y organizaciones ambientalistas que se oponen a la siembra de maíces transgénicos en México, han expuesto sus argumentos en la informalidad, sin saber hasta donde son tomados en cuenta. Ya no estarán al margen en la discusión.
 
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La importancia de la resolución del Juzgado Federal Décimo Segundo de Distrito en Materia Civil es doble: abre la discusión para llegar al fondo de los riesgos del uso de esas semillas en el caso particular del maíz y entre tanto, suspende los trámites de autorizaciones solicitadas por las transnacionales para sembrarlas comercialmente.
 
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La Asociación Civil "Colectivas", que presentó la demanda el 5 de julio pasado, es ahora por ley, interlocutora obligada en la discusión.
 
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En ese grupo participan personalidades como el Dr. Antonio Turrent, el Dr. Raúl Hernández Garciadiego, el Ing. Víctor Suárez y la Mtra. Adelita San Vicente con otros casi cincuenta ciudadanos y 20 organizaciones no gubernamentales de productores, indígenas y ambientalistas.
 
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La Maestra San Vicente Tello es quien, en representación de la colectividad demandante, tiene el derecho y obligación legal de presentar argumentos y pruebas contra los transgénicos y en defensa del derecho humano al medio ambiente limpio.
 
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“Colectivas” no debe tener problemas para reunir pruebas científicas nacionales y extranjeras que avalen su demanda en protección del ambiente e inclusive de la salud de los consumidores.
 
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Están, por ejemplo, las conclusiones del año pasado de 235 investigadores de 70 instituciones nacionales coordinadas por la CONABIO según las cuales, es inevitable la contaminación de transgenes a siembras aledañas por efecto del viento y a grandes distancias mediante el comercio.
 
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Si se tratara de siembras de algodón pudiera pasar, pero tal contaminación es inadmisible en el caso del maíz porque acabaría con las semillas en las que se sustenta la agricultura y la seguridad alimentaria campesina, tanto de subsistencia como la comercial.
 
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Los recursos de siembra se reducirían con el tiempo a los paquetes de transgénicos y agroquímicos que vendan las transnacionales, con la doble limitante de que no cualquiera se los podría pagar y que tales semillas requieren, para germinar, condiciones de humedad y temperatura que sólo se dan en alrededor de 2.5 millones de hectáreas en México.
 
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Son inutilizables en el resto de las tierras, en las que se siembra en condiciones ambientales frecuentemente críticas, a las que están adaptadas las semillas criollas y las mejoradas.
 
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La protección de ese germoplasama es crítica para la producción nacional del maíz, principal alimento de los mexicanos.
 
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Por eso dejó oficialmente dicho Olivier De Schutter, Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación: “el problema de los cultivos transgénicos tiene una resonancia particular en México”.
 
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Las expresiones aquí vertidas son responsabilidad de quien firma esta columna de opinión y no necesariamente reflejan la postura editorial de El Financiero.