Entre Meade, Anaya y López Obrador hay que elegir al próximo presidente de la república; no hay más. La buena noticia es que los tres son mejores políticos y están mejor preparados que sus predecesores.
José Antonio Meade tiene mayor cultura y capacidades técnicas que Enrique Peña Nieto; Ricardo Anaya tiene visión del futuro globalizado, que ni Vicente Fox ni Calderón tuvieron. La izquierda está mejor representada con Andrés Manuel López Obrador que con Los Chuchos y otros dirigentes que ha tenido el PRD.
La otra buena noticia es que gran parte del electorado se ha sofisticado y asume que hay matices: no ignora las exigencias de la economía global, pero tampoco cree en que las desigualdades se resolverán mediante la integración subordinada a la economía de Estados Unidos, como ha fingido el neoliberalismo.
A López Obrador, puntero en las preferencias electorales, se le ve muy comprometido con el combate a la pobreza mediante el crecimiento económico, estimulado por políticas públicas libres de corrupción.
Sólo que el crecimiento también depende de la economía global; sobre la inserción de México en ese ámbito, AMLO dijo durante el debate del domingo pasado que convencerá a Trump de establecer "una especie de Alianza para el Progreso".
Tal alianza -de llegar a darse- seguiría siendo ineludiblemente subordinada para México si faltara, entre otras cosas, una estrategia de adecuación institucional a las nuevas tecnologías de comunicación e informática que están detrás de la transformación económica mundial.
De eso, ni una palabra ha dicho López Obrador.
Si AMLO gana la presidencia, las élites políticas y del poder económico pueden optar por obstaculizar su gobierno con todo, empezando por la fuga de capitales, hasta organizar movilizaciones sociales como ha hecho la derecha en Venezuela; o pueden negociar como oposición política preocupada por los riesgos que el populismo conlleva para el país y aportar al cambio social y político que propone AMLO.
Todo cambio profundo como el que intentaría López Obrador transporta consigo una gran incertidumbre en sus procedimientos y resultados, lo que genera miedo, ficticio y real, porque sí hay riesgos, desde el desbordamiento de las urgencias sociales por el cumplimiento rápido de las promesas recibidas, hasta errores por malos diagnósticos y decisiones tomadas desde perspectivas autoritarias.
Para acotar esos riesgos, la tarea histórica de la oposición política institucional y del poder económico corporativo sería recuperar los equilibrios en la división de poderes del Estado de derecho, restaurar el orden institucional para hacerlo valer y no apartarse de la ley.
La tarea histórica del lopezobradorismo sería la "separación del poder económico del poder político" y lograr que, aunque prevalezcan los intereses del grupo económico dominante, no lo sean al grado de reducir la política económica al burdo interés económico de muy pocos, como ha venido sucediendo durante los últimos 30 años.
Se requieren nuevos equilibrios en los que el Estado recupere márgenes financieros y de decisión para generar incentivos al crecimiento de las inversiones, del empleo y para cumplir sus responsabilidades sociales.
Hace algunas semanas consideré en este espacio que esa sería materia de un Pacto por México, superior a cualquier interés particular y lo repito consciente de que hay algo de ingenuidad en ello, pero la gravedad de la situación lo requiere.